lunes, 9 de diciembre de 2024

Boletín BOLPER - Nro. 10 - del 31 de marzo de 2023

Esta décima edición del Boletín BOLPER, es una edición especial, porque en ella desarrollamos los contenidos de tres ordenaciones sacerdotales y diaconales para Iglesia. Otro acontecimiento importante en la historia de la congregación es que se concluye la presencia oblata en Puerto Rico.

Aquí sus artículos:

1. Palabras del Superior - P. Roberto Carrasco, OMI

2. Ordenaciones en la Delegación General BOLPER

Diaconal - Yvanis Canchari Dávalos, OMI

Presbiteral - Gonzalo Andrés del Carmen Zavala Revatta, OMI

El 18 de marzo de 2023 - en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz - Comas - Lima

Diaconal - Luis Alberto Bustamante Espejo, OMI

El 25 de marzo de 2023 - en la Parroquia Jesús Salvador - Aucayacu - Huánuco

3. La Misión de Puerto Rico culmina - concluye presencia oblata en la isla.

P. Neil en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

4. Visita de Mons. Jan Kot, OMI al equipo oblato de las Minas - Llallagua - Potosí



sábado, 7 de diciembre de 2024

Análisis: Metodología de Transversalización Enfoque Intercultural

Análisis Crítico de una Metodología de Transversalización del Enfoque Intercultural


Introducción

En el presente trabajo analizaremos críticamente, desde la realidad indígena amazónica, algunos conceptos claves y abordajes de dos metodologías de Transversalización del Enfoque Intercultural: la propuesta por GIZ1 y la propuesta por el Ministerio de Cultura.

Este análisis crítico de distintas maneras de entender ciertos conceptos nos ayudará a continuar el análisis de algunas de las etapas de la metodología que propone GIZ.


Analizando conceptos:

Es realmente curioso que en un instrumento de gestión para elaborar proyectos de desarrollo que pertenece al Estado peruano, podamos encontrar estas dos afirmaciones:

“Muchas de las políticas públicas se gestionan sin considerar la diversidad
cultural de nuestro país”. (MINCUL)
“Se toman decisiones percibidas como importantes sin tomar en cuenta las diferencias de los distintos sujetos o colectivos”. (MINCUL)2

Si analizamos el concepto enfoque intercultural, según como lo presenta el GIZ3 cuando dice:

es una herramienta que permite analizar las relaciones entre los grupos culturales que cohabitan un mismo espacio, desde dos dimensiones:
Distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas.
El nivel de reconocimiento de sus diferencias culturales, sin que ello sea motivo de exclusión o discriminación.

Entonces, pensando en el Ministerio de Cultura (más concretamente en el viceministerio de Interculturalidad) o en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (pero concretamente en el viceministerio de Poblaciones Vulnerables), nos viene la pregunta: ¿los funcionarios de dichos viceministerios, tienen claridad cuando se habla de competencia intercultural y la interculturalidad o enfoque intercultural como propuesta política?

Si leemos lo que dice el GIZ, encontramos que “el principio de interculturalidad es la base para establecer relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo, debate, aprendizaje e intercambio.” (GIZ)4. Nos parece que en esta afirmación, está ausente el tema de la comunicación intercultural, que no es lo mismo cuando se habla de comunicación efectiva. La comunicación intercultural, en definitiva, es ver con los otros5.

Dentro de la competencia intercultural es muy importante comprender qué es la comunicación intercultural. En este juego de conceptos, nos valemos de Milton J. Bennett (2015) cuando se refiere a la interculturalidad como un particular tipo de interacción o de comunicación entre las personas, donde la diferencia de cultura juega un rol en la creación de significado.6 Por lo tanto, para Bennett, adaptarse interculturalmente es lo mismo que competencia intercultural. Osea, “competencia” es sinónimo de “adaptación”. Pero comprender la adaptación intercultural implica asumir una larga secuencia de desarrollo. La adaptación es todo el proceso de creación de un vasto repertorio de comportamientos, apoyado en una visión alternativa del mundo7. Así que, cuando se trata de proyectos de desarrollo con un enfoque intercultural, no se está refiriendo a proyectos que se van a realizar en tres o cuatro años. Es fundamental considerar el valor tiempo cuando se quiera trabajar un proyecto de desarrollo con enfoque intercultural entre los pueblos indígenas de la Amazonía. Hay varios ejemplos, que al ser analizados nos muestran la importancia de este aspecto. Entre ellos tenemos: la Hidrovía Amazónica; el río Marañón como sujeto de derecho (a propósito de la sentencia que acaba de anunciarse). Por ende, la competencia intercultural implica saber desarrollar la sensibilidad intercultural.


Crítica a la competencia intercultural según Kupka

El filósofo Bernd Kupka cuando define competencia utiliza la palabra habilidad. Pero más que habilidad, para nosotros se trata de una actitud, que es la que nos lleva a asumir la adaptación. Este concepto de Kupka, probablemente funciona en la ciudad, pero en un contexto como el amazónico podría que no. 

Frente a las propuestas de plantear el diálogo intercultural, ¿es realmente un verdadero diálogo intercultural8? Porque de no ser así los pobladores indígenas de la Amazonía saben identificar cuando hay diálogo y, si hay confianza y apertura en dicho proceso. Según Serge Latouche, plantea el diálogo dialogal como aquel diálogo que supera el diálogo dialéctico, es decir, el diálogo dialogal se fundamenta en una auténtica confianza recíproca en el otro.9

Otro término que Kupka utiliza es el de reciprocidad (cuando afirma: actuar recíprocamente). Si proponemos una necesidad concreta de los pueblos indígenas de la Amazonía: la titulación de sus territorios, no solo el reconocimiento como pueblo. Ahora bien, si seguimos la lógica de Kupka, es evidente que el Estado no busca o quiere intentar satisfacer mutuamente necesidades de reconocimiento, afecto y participación. Aquí nos preguntamos, ¿dónde quedan las agendas políticas elaboradas por las comunidades indígenas? A estas agendas políticas las conocemos también como planes de vida. ¿Aparecen ellas en los proyectos de desarrollo con enfoque intercultural?

No hay forma de entender un proyecto de desarrollo que viene de la ciudad de Lima. Elaborado en las oficinas de los expertos. Muchos de estos proyectos son traídos a la selva, y si estos no se adaptan a las demandas reales de la población amazónica, qué podría respondernos Kupka. Pensamos que en el momento que uno intenta y no se adapta, no se da el encuentro intercultural. Por ello, volvemos a subrayar el concepto tiempo. Este es muy distinto para el poblador de la ciudad que para el poblador indígena. Lo mismo ocurre con el concepto de desarrollo es muy distinto también en toda su comprensión. ¿Será que el concepto desarrollo es compatible con el concepto interculturalidad?

Partiendo de Milton J. Bennett quisiéramos responder a  Bernd Kupka:

Bennett señala que hay un Modelo Dinámico de la Sensibilidad Intercultural. Es un intento constructivista de describir el modo en el cual las personas se vuelven más adaptables interculturalmente10. Para Bennet, según la experiencia que cada persona tiene de las diferencias culturales, hay varias etapas que es importante identificar:  la negación, la defensa, la minimización, la aceptación, la adaptación, hasta llegar a la integración. Cuando las personas han llegado al nivel de adaptación, estas pueden ser empáticas, pero no por habilidad, sino por actitud. Los cambios no solo pasan por el lado de expresar conocimientos, sino de expresar sensaciones y comportamientos culturalmente apropiados. Estos comportamientos están llenos de emociones. Un contexto multicultural es muy diferente al del intercultural.


Los planes de vida de los pueblos indígenas

Otro tema de análisis que queremos plantear es acerca de los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Nos preguntamos: ¿el gobierno realmente los considera, los escucha, los atiende, en definitiva, los asume? 

Si hacemos un recorrido por las propuestas de la Educación Intercultural Bilingüe o de la Salud Intercultural. Ambas se encuentran en las agendas políticas o planes de vida. Lo que se constata es que no hay políticas claras que incorporen en los modelos de proyectos de desarrollo un plan a largo plazo en términos de educación y salud interculturales. Basta con observar como se viene ofreciendo en las instituciones educativas y en las microrredes de salud de las diversas cuencas en Loreto, como para poner un ejemplo.

Jesús Martín Barbero y Sara Corona Berkin, nos dicen que la comunicación intercultural es “ver con los otros”. Incluso, mientras Barbero habla del ‘escalofrío visual’, por otro lado, Sara Corona habla de ‘mal de ojo’. Usando las palabras de Barbero y Corona, nos atreveríamos a señalar que la visión de competencia intercultural planteada por Kupka sufriría de ‘escalofrío visual’ si lo aplicáramos a un contexto como el amazónico. ¿El concepto que usa Kupka es adaptable a los pueblos de la amazonía?

Cuando nos encontramos con la Ley Nro. 26300, “Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”, se puede llegar a concluir que es una ley para los ciudadanos en general. Pero haría falta una ley de participación ciudadana con enfoque intercultural, pero amazónico, porque los contextos son diferentes. En la Amazonía hay que pasar del sujeto lúdico al sujeto dialógico. Cuando se elabora un proyecto de desarrollo para la Amazonía, pareciera que “se emplea” a los pobladores amazónicos como ‘conejillos de india’. ¿Hasta cuándo se estará con los criterios de proyectos o programas pilotos? Pareciera que no hay un proyecto serio de desarrollo para los pueblos indígenas con enfoque intercultural. La mayoría de los proyectos “usan” a los pueblos indígenas. Solo unos ejemplos para dibujar lo anteriormente afirmado: ¿se ha evaluado junto a los pueblos kichwas, siecoyas, huitotos, murui muinane, etc, la PIAS que recorre la cuenca del río Napo?

No se puede desarrollar un proyecto de desarrollo con enfoque intercultural si se cuenta con ese escalofrío visual o mal de ojo. Aquí viene la pregunta que nos hace el ex dirigente indígena Richard Rubio: ¿Por qué el estado no ha desarrollado una política nacional de reconocimiento y titulación de los territorios indígenas?


Crítica a las habilidades que conforman capacidades interculturales

Según la Guía metodológica planteada por GIZ, las habilidades que conforman las capacidades interculturales propuestas por Gudykunst y otros11, son: estar atentos; ser flexibles; desarrollar la tolerancia; aceptabilidad conductual y la empatía.

Miquel Rodrigo Alsina afirma: “lo que caracteriza, la mayoría de las veces, a la comunicación intercultural es el desconocimiento que se tiene sobre la otra cultura”12. Aquí nos preguntamos, cuando preparamos un proyecto de desarrollo con enfoque intercultural, ¿cuánto conocemos de la otra cultura? En la convivencia con los pueblos indígenas amazónicos, en medio de los ancianos, de los así llamados sabios, hay cosas que se guardan en secreto; son aquellas cosas que no se dicen, que no se platican. No se consigue fácilmente conocer todo. Los ancianos saben conservar sus saberes ancestrales. Ellos saben a quién y cómo compartirlo.


Análisis crítico a las etapas de transversalización del enfoque cultural propuestas por GIZ

“Es una exigencia la participación de representantes de los grupos culturales afectados por estas brechas en todo el proceso”13

Esta afirmación es muy importante para la primera etapa del “conocer y comprender”. Como analizamos antes, hay cuestiones culturales indígenas que no son desveladas a los no indígenas, por lo que la participación de representantes indígenas desde el inicio del proceso es fundamental. Ahora bien, como indica el líder Richard Rubio, no se trata sólo de los Apus o Curacas, sino que hay que tener en cuenta a todos los ancianos. Aquí surge una pregunta: ¿es posible ahondar en el conocimiento y la comprensión desde una oficina del gobierno o de una empresa u ONG? Creemos que esta primera etapa debe darse en el territorio, de manera comunitaria y dando tiempo para que la comunidad indígena lo pueda dialogar (porque creemos que el diálogo debe ser efectivo, oportuno, creíble y desarrollado en el territorio).

Compartimos la pregunta guía que hace GIZ sobre ¿cuál es el principal problema que se busca resolver? y propone que este es el punto inicial de trabajo en conjunto. ¿Puede un proyecto de desarrollo para los pueblos indígenas dar los primeros pasos sin la participación de los indígenas? También consideramos que no. Ante ello nos sostenemos de las palabras del Papa Francisco en Querida Amazonía: 

“Ellos son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia, y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonia, y la gran pregunta es: ¿cómo se imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes?”14 (QA 26).

En la etapa 2 de “planificar e implementar”, consideramos sumamente importante lo propuesto por GIZ sobre si la cadena de resultados tendrán impacto sobre las diferentes barreras que causan el problema. Para ello es necesario la elaboración de indicadores. Nos surge la pregunta de si ¿los indicadores cuantitativos son los más acordes para el análisis por los mismos indígenas? Aunque no sean los más convenientes para el sistema occidental, creemos que, son necesarios los indicadores cualitativos, donde a través del relato, se pueda expresar si han cambiado las brechas existentes o las condiciones que actúan como barreras.


Crítica a las ocho pautas para la integración del enfoque intercultural en los servicios públicos15 

Un ejemplo de “escalofrío visual” lo encontramos en estas pautas propuestas por el Ministerio de Cultura. Lejos de ver con los otros, la propuesta que realizan se distancia de una igualdad discursiva, donde la posibilidad de intervención y protagonismo de un poblador indígena amazónico queda reducida a un beneficiario. Con esto se demuestra que más que un enfoque intercultural, lo que aparece es una política hegemónica que se impone, que viene de arriba, o sea, la verticalidad es más importante que la horizontalidad. Esto desdice o quita valor a una propuesta de diálogo dialogal o de diálogo intercultural. 

“El diálogo permite comprender el punto de vista del otro, sobre todo si, teniendo en cuenta sus posibilidades expresivas, uno se compromete no sólo a hablar y escuchar, sino también a favorecer la expresión de la persona que tiene delante. La voluntad de diálogo, por tanto, es la base de una relación humana igualitaria, respetuosa de la igualdad de derechos”16

Finalmente, podemos concluir con la afirmación encontrada en la tesis de Roberto Carrasco:

Porque «para hablar de diálogo intercultural no basta con yuxtaponer interlocutores que representen diferentes identidades»,  no basta con reconocer las diferencias, sea de una voz o de otra, incluso, no basta el hecho de admitir cualquier situación que se pueda imponer que favorezca el diálogo y por ende el conocimiento mutuo, y más todavía, no basta la crítica o autocrítica de algún interlocutor. De tal modo que, si «la interculturalidad significa la relación entre personas de distintas culturas»,  entonces, cabe reflexionar acerca de cuáles podrían ser esas condiciones para el diálogo intercultural.17 

Aquí está la tarea a trabajar. Pero junto a los pueblos indígenas y desde sus territorios. Los pueblos indígenas de la Amazonía son culturas libres, han sabido resistir. Incluso, hoy, frente a cualquier tipo de sistema que intenta imponerse, ellos apuestan por una interculturalidad distinta a la que comúnmente se da en el sistema, o sea, en el plano del respeto, la igualdad, la equidad, así como, el deber de todos por erradicar toda forma impositiva de una cultura sobre otra.

martes, 26 de noviembre de 2024

GESTIÓN DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGIÓN LORETO


Prestación de servicios públicos con enfoque intercultural

GESTIÓN DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGIÓN LORETO



Antecedentes

La Ley General del Ambiente (Ley N°28611) establece el derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Por ende, cuando planteamos esta propuesta, apostamos por una forma de hacer gestión pública de manera responsable e inclusiva. Cuando hablamos de gestión pública

estamos hablando de un conjunto de mecanismos y procedimientos mediante los cuales, las autoridades y representantes del Estado, toman decisiones y administran el territorio, los recursos y capacidades de la población1.

Frente a esta exigencia, se espera mucho del rol que juega el Estado respecto a los pueblos indígenas y ribereños de la Amazonía peruana. 

Los actores del gobierno, a pesar de la existencia de normativas oficiales supranacionales a favor de los pueblos indígenas, los consideraron un obstáculo para el desarrollo y manifestaron un discurso de intolerancia basada en la metáfora oficialista del “Perro del Hortelano”, lo cual generó reacciones de parte de la sociedad civil organizada, activistas en materia de derechos indígenas y organizaciones internacionales2.

Mientras el Estado está llamado a promover el desarrollo, como así lo llaman, por otro lado los pueblos indígenas esperan ser incluídos en un proceso que va más allá de un concepto llamado desarrollo. Los bosques tropicales son una oportunidad tanto para el Estado como para los pueblos amazónicos. Hay avances significativos en el proceso de ir incorporando leyes que favorezcan el cuidado y protección de los bosques. Tenemos por ejemplo a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), fue promulgada el 21 de julio de 2011. Tiene el mérito de ser la primera ley consultada con las comunidades nativas de la Amazonía peruana, habiendo incorporado la gran mayoría de las propuestas alcanzadas por los representantes de las organizaciones indígenas3. Otro ejemplo es el Decreto Ley Nro. 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva del 9 de mayo de 1978. Otras más como, la Ley Nro. 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nro. 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos; el Decreto Supremo Nro. 009-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Entre otras leyes más.

Lo que se pretende con esta propuesta es concientizar sobre la crisis forestal, abogar por toda política que proteja los bosques tropicales, y en consecuencia, proteja a los pueblos indígenas.


Región Loreto como zona de intervención para la propuesta

Los bosques tropicales son de suma importancia para la vida del planeta al ser los ecosistemas más complejos y biodiversos. La región Loreto se posiciona en uno de los lugares críticos respecto a esto, porque como parte de los bosques tropicales de la Amazonía, donde se encuentra más de la mitad de la biodiversidad del planeta, Loreto tiene el 53% del stock nacional de carbono de la vegetación sobre la superficie del suelo. Por otro lado, estos ecosistemas desaparecen a un ritmo alarmante, debido a los cambios de uso, la sobreexplotación, contaminación y cambio climático. Se estima que más de ¼ de las especies van a desaparecer en los próximos 50 años.4 

Frente a esta situación crítica, la gestión de los bosques tropicales resulta sumamente importante ya que según datos del SERFOR, los productos forestales, tanto maderables como no maderables (un tercio se destina a madera, un quinto a la construcción, el 16% para leña y el resto como alimento y recursos medicinales), son importantes para la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales. Es necesario el uso sostenible para favorecer la conservación ya que 21 especies forestales están amenazadas. En lo que respecta a la fauna silvestre se conocen unas 600 especies, de las cuales varias también están amenazadas.5 

Sin una gestión intercultural, la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas está en riesgo como así también la conservación de las especies y de la biodiversidad. Mientras que el diálogo entre los saberes ancestrales y el uso de información actualizada facilitará la generación de nuevas y sostenidas políticas nacionales para el desarrollo forestal y asegurar la provisión de los bienes y servicios ambientales para las presentes y futuras generaciones.6 


Objetivos 

Sostener viva la cultura de los pueblos indígenas con una propuesta de gestión de bosques tropicales con enfoque intercultural desde sus territorios.

En consecuencia, lo que se pretende es que los bosques tropicales sean protegidos, conservados y cuidados, de  manera que tanto la política como la economía estén al servicio del buen vivir de los seres humanos que habitan la Amazonía peruana, y sean los pueblos que la habitan los gestores de este proceso con la ayuda del Estado. Es fundamental, por lo tanto,

fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas para la gestión y la gobernabilidad de sus tierras y territorios, de acuerdo con su cosmovisión y conocimiento tradicional y sus propias formas de organización socioeconómica y de control social, superando modelos asistencialistas, ya sean estatales o manejados por otros intermediarios7

Ya que el principal desafío para el desarrollo de nuestro país está en compatibilizar la expansión de la frontera económica con la conservación ecológica8. Y para los pueblos de la Amazonía el bosque es vida, es su hogar, es el lugar donde está la memoria de los abuelos9, entonces, no es sólo conservar y proteger, también es vigilar y custodiar con una visión desde los pueblos amazónicos.


Características que tiene el cuidado de los bosques tropicales con enfoque intercultural amazónico (Buen Vivir)

En esta propuesta, la principal característica será la del Buen Vivir. Porque ella reivindica los principios éticos y los saberes tradicionales de los Pueblos Indígenas. Este término “Buen Vivir” tiene que ser entendido como la búsqueda del buen manejo de la biodiversidad con miras al futuro para una mayor armonía y convivencia entre los seres vivos (humanos y no humanos) mejorando asi, la calidad de vida de todos y todas, especialmente de los pueblos indígenas andinos y amazónicos10.

El Buen Vivir, sumak kawsay (en lengua kichwa), lejos de ser un ideal utópico o solo un discurso crítico al desarrollo, es un principio de vida, de plenitud, así como una guía para la acción. Fernando Huanacuni, aymara boliviano, en el Foro Público: «El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas Andinos», describe lo siguiente:

La enseñanza de los abuelos y abuelas no es solo racional, tiene el ímpetu y la fuerza de la vivencia, la claridad de la mente y del corazón […] hoy emerge vigorosa, fuerte, traslúcida, la voz de los pueblos indígenas originarios. Tenemos que ir hacia algo, hacia alguna parte. Ese horizonte nos permite reconstituir nuestra fuerza, nuestra vitalidad, saber quiénes somos, cómo vivimos, con qué fuerzas, y quiénes nos acompañan. Armonía y equilibrio. Vivir bien nos hace reflexionar que debemos vivir en armonía y en equilibrio. En armonía con la Madre Tierra. La Pachamama no es un planeta, no es el medio ambiente… es nuestra Madre Tierra11

Ya que todo está conectado (LS 117)12, como lo señala el Papa Francisco, se sigue que, esta visión del Buen Vivir abarca tanto lo andino como lo amazónico.


Diálogo intercultural desde el Sector Ambiente (MINAM)

Dentro de la propuesta, lo que se trata es apostar por el diálogo intercultural. Este es el camino a seguir. Pero un diálogo que comprometa a todos, sin miedos.

Lo “cultural” ya no es un obstáculo a la implementación de las supuestas “estrategias globales del desarrollo”, sino parte constitutiva de la identidad humana y base para la búsqueda de convergencias para construir una convivencia pacífica, una cultura de paz entre vecinos13.

En la Amazonía peruana viven 51 pueblos indígenas, con más de 1,200 comunidades nativas sólo en la Región Loreto, por lo que toda tarea que realiza el Estado debe tener el enfoque intercultural como eje transversal en todos sus trabajos, a través de sus políticas, programas y servicios. Sin esto, las políticas de inclusión social no tendrán efectividad ni los planes de los sectores y organismos públicos alcanzarán sus metas, resultados e impactos14. Si no se trabaja de esta manera, se seguirá excluyendo de las agendas a los pueblos indígenas15. El Estado debe implementar modelos de gestión intercultural inclusiva que tomen en cuenta las particularidades culturales de los pueblos que lo habitan16. Ya lo advierte el DS Nro. 005-2017-MC cuando dice

es objetivo prioritario del Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios, así como el pleno acceso a las garantías propias del Estado de Derecho, respetando sus valores, sus usos y costumbres, su cosmovisión, sus lenguas, así como sus perspectivas de desarrollo, entre otros derechos17.

El Ministerio del Ambiente -MINAM-, por tanto, tiene un deber fundamental de dialogar interculturalmente con los pueblos indígenas con los que trabaja. Es justamente con esta institución que pretendemos plantear este trabajo. El Convenio 169 reconoce el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas a la tierra y al territorio por lo que deben ser reconocidos como propietarios y poseedores de la tierra que ancestralmente ocupan18. Frente a este derecho colectivo, el Estado no podría obviar la puesta en práctica del diálogo intercultural. 

Otro factor importante para el diálogo es que los pueblos indígenas, como guardianes y custodios de la diversidad biológica y de los bosques tropicales, son quienes conocen la necesidad de administrar y usar los recursos de la tierra de una forma racional, óptima, eficiente y respetuosa con el medio ambiente19.


Pero también, un diálogo intercultural entre los saberes ancestrales y los científicos

Para una efectiva gestión de los bosques tropicales, el diálogo entre los saberes ancestrales y los científicos es de suma importancia y necesidad. Sin un enfoque intercultural, como marco de análisis y de acción, que reconozca y valore positivamente las diferencias culturales, los servicios públicos generarán lo contrario de lo que proponen, aumentando con ello, las brechas culturales20, y sin la posibilidad de satisfacer las necesidades de los peruanos y peruanas.21 

Hay cuestiones culturales indígenas que no son desveladas a los no indígenas, por lo que la participación de representantes indígenas desde el inicio del proceso es fundamental. Ahora bien, como indica el líder indígena kichwa Richard Rubio, no se trata sólo de los Apus o Curacas, sino que hay que tener en cuenta a todos los ancianos. Aquí surge una pregunta: ¿es posible ahondar en el conocimiento y la comprensión desde una oficina del gobierno o de una empresa u ONG? Creemos que esta etapa dialógica debe darse en el territorio, de manera comunitaria y dando tiempo para que la comunidad indígena lo pueda dialogar (porque creemos que el diálogo debe ser efectivo, oportuno, creíble y desarrollado en el territorio). Asegurar la escucha a los sabios y ancianos, permitirá una mejor comprensión de la realidad y de la problemática desde una mirada contemplativa que tienen ellos de los bosques. La escucha aquí es recíproca. Esto es parte fundamental de todo proceso de diálogo intercultural.


Incorporando los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas

Los Pueblos Indígenas, en sus respectivos niveles de organización elaboraron sus Planes de Vida o Agendas políticas para alcanzar el Buen Vivir. 

En este trabajo de gestión de bosques tropicales con enfoque intercultural es relevante integrar estos Planes de Vida de las comunidades afectadas. Ello en coordinación con las Federaciones y Organizaciones que las representan. De esta manera se trabajará junto a los objetivos de AIDESEP y de ORPIO, a saber: 

AIDESEP: Avanzar en la deforestación neta cero controlando los megaproyectos, grandes motores de deforestación, especialmente la palma aceitera y agroindustria amazónica.

Incluir la seguridad territorial indígena y el control de megaproyectos en la “Contribución de Perú en reducción de emisiones” (INDC) y el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).22 

ORPIO: Territorios indígenas con seguridad territorial, saludables, con abundancia, con respeto por el conocimiento y uso ancestral y bien manejados, para que queden como herencia a las futuras generaciones.23 

A través de la Gerencia Regional del Ambiente, de la Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Originarios y la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre de Loreto, estos Planes de Vida pueden ser incorporados en la elaboración de políticas que estén dirigidas a la población amazónica.


¿Cuáles serían las contribuciones de una Gestión de Cuidado de Bosques con enfoque intercultural?

A. Gestión y conservación del territorio

“Aquí el reto es superar la visión sectorial, compartimentalizada, cartesiana de la realidad, para pasar a una visión integrada, holística, que justamente tiene su base en lo territorial”24.

B. El cuidado de la biodiversidad 

Especialmente de las especies amenazadas. Gracias al cuidado, monitoreo, preservación y uso sostenible se alcanzará una reciprocidad y armonía con el ecosistema.

C. Enfrentar la crisis climática

“Si se pierde la naturaleza, perdemos todos, porque de ella dependemos”25. El escenario hoy pasa más allá de una cumbre o acuerdo internacional sobre el tema. 

Hoy podemos seguir afirmando que «los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos. Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica»26.

D. Seguridad alimentaria

Los pueblos indígenas viven en estrecha relación con los bosques que les proveen alimentos y medicina. 

“Nosotros como pueblos indígenas vivimos en los bosques, en territorios comunales, vivimos de la recolección, de la búsqueda de alimentos a través de los árboles que producen algunos alimentos comestibles", refirió Tabea Casique, responsable del programa Salud Intercultural de Aidesep.27 

E. Participación ciudadana y gestión multisectorial con enfoque intercultural

Para una eficiente gestión intercultural de los bosque tropicales es necesaria la promoción de la participación de la sociedad civil organizada. Luego realizar alianzas para trabajar articuladamente el tema. Por ejemplo, con las micro redes de salud; con las instituciones educativas EIB; con las misiones católicas o iglesias evangélicas; con los gobiernos locales; con las organizaciones indígenas; con alguna ONG que ha "logrado" ser confiable. 

F. Formación de líderes: custodios - guardianes - vigilantes 

Es un proceso continuo y paciente. Al asumir el proyecto de gestión intercultural de bosques tropicales, se sabe que los tiempos son fundamentales.

La formación tendrá que ser itinerante. Se elegirán las cuencas a trabajar, se identificarán las organizaciones indígenas con sus planes de vida y se preverá con cuántas comunidades indígenas se va a trabajar, cuántas familias las conforman, en qué lengua se trabajará, si se cuenta con mínimo dos intérpretes (un varón para trabajar con varones y una mujer para trabajar con mujeres). Aquí el factor género es fundamental ya que se evidencia que crece el número de mujeres líderes en las diversas organizaciones.

Para la planificación del proyecto será importante considerar los tiempos del río (vaciante, creciente, cambio de corriente, tormentas, lluvias, inundaciones, ventarrones, mijano, etc). Qué importante es este criterio. Cualquiera de ellos e incluso cuando se juntan más de uno pueden cambiar el programa elaborado. También se tendrá en cuenta los tiempos de la comunidad: fiestas, mingas, tandarinas, asambleas, campañas electorales, campeonatos deportivos (con esto no se negocia), kasaranas (matrimonios), Semana Santa, Navidad, pago de los programas sociales, etc.

G. Valorar los conocimientos ancestrales 

Recordar que el promedio de las comunidades indígenas amazónicas que practican sus conocimientos tradicionales de manejo del bosque es de 2 de cada 10 comunidades (INEI, 2017).


Desafíos 

Los mayores son: sostenibilidad, la articulación intergubernamental, desarrollo completo del programa a trabajar, participación ciudadana para una cultura del cuidado; la elaboración de un protocolo para la protección de los custodios y/o guardianes de los bosques (el Estado peruano no ha ratificado el Acuerdo de Escazú). Preocupa el crecimiento del número de líderes asesinados por cuidar sus bosques, sus territorios.

¿Debemos sacrificar los bosques para reactivar la economía? Aquí otro desafío es la presencia de proyectos extractivistas: petroleros o gasíferos, auríferos, madereros, hidroeléctricos. ¿Cómo estos proyectos estarían afectando sobremanera los bosques tropicales?


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NOTAS:

1. Cf. CAAAP. Gestión pública e interculturalidad. Lima, 2016, p. 6. 
2. Cf. CAAAP. O.c., p. 8. 
3. Cf. Gaviria A. & Sabogal, C. Sistematización de seis experiencias de manejo forestal comunitario en la Amazonía peruana. Lima, 2013, p. 26.
4. Cf. Alvarez, A. Curso: Los bosques desde la mirada de la ciencia. IRI, Lima, 2020.
5. Cf. SERFOR en https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/574421-serfor-realiza-analisis-actualizado-de-los-bosques-de-loreto-para-optimizar-el-uso-sostenible-de-sus-recursos (06.012022).
6. SERFOR, O.c.
7. Cf. Presidencia del Consejo de Ministros. INDEPA. El enfoque intercultural como eje transversal del Plan Perú 2021. Plan estratégico de desarrollo nacional. Lima, 2021, p. 141.
8. PCM - INDEPA. O.c., p. 154.
9. Son palabras de Yésica Patiachi, maestra bilingüe del pueblo Harakbtu, en Conservación de los bosques y reactivación económica: ¿se pueden alinear? en https://actualidadambiental.pe/conservacion-de-los-bosques-y-reactivacion-economica-se-pueden-alinear/ (28.06.2020).
10. Cf. CAAAP. O.c., p. 11.
11. Santana E., María E. El Buen Vivir, miradas desde dentro. Revistas pueblos y fronteras digital. Vol 1o, N°19, 2015. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-41152015000100171
12. Papa Francisco, Carta encíclica Laudato Si’. Roma, 2015.
13. Grünberg, Georg. ¿Existe una política de desarrollo compatible con la diversidad cultural? - Apuntes desde Guatemala, en Gugenberger, Eva (ed.), Comunicación intercultural en América Latina: ¿Del conflicto al diálogo?, Peter Lang, Frankfurt,  2003, p. 88.
14. Cf. Ministerio de Cultura. Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de los servicios públicos, Lima, 2015, p. 29.
15. Cf. Tubino F. en CAAAP. O.c., p. 7.
16. Cf. CAAAP. O.c., p. 5.
17. Ministerio de Cultura. Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. DS Nro. 005-2017-MC, del 09 de agosto de 2017.
18. Cf. Organismo Internacional del Trabajo, Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 1989, art. 14.
19. Iglesias Vázquez, M. del A. Los pueblos indígenas y la protección del medioambiente: la indigenización del derecho internacional, derechos bioculturales y derechos de la naturaleza. Cadernos de Dereito Actual Nº 16. Núm. Ordinario, 2021, Universidad Internacional de La Rioja, p. 217.
20. Cf. Ministerio de Cultura. O.c., p. 29.
21. Cf. Ministerio de Cultura. O.c., p. 27.
22. AIDESEP, https://aidesep.org.pe/programas/bosques-y-clima/
23. ORPIO, https://www.orpio.org.pe/nosotros/#objetivos
24. Cf. PCM - INDEPA. O.c., p. 85.
25. Palabras de Laura Vargas, coordinadora de IRI PERÚ. En Conservación de los bosques y reactivación económica: ¿se pueden alinear? en https://actualidadambiental.pe/conservacion-de-los-bosques-y-reactivacion-economica-se-pueden-alinear/ (28.06.2020).
26. Papa Francisco, Exhortación Apostólica Laudate Deum, sobre la crisis climática, Roma, Nro. 52.
27. Saavedra, P. Bosques y seguridad alimentaria: soluciones desde los pueblos amazónicos. 2023, Servindi. https://www.servindi.org/actualidad-reportaje/04/07/2023/edit-bosques-y-seguridad-alimentaria-soluciones-desde-los-pueblos

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Este trabajo es del Curso: Gestión pública con enfoque intercultural.
Tarea de Aprendizajes de la Gestión Pública con enfoque intercultural
Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Integrantes: 
Carrasco Rojas, Roberto; 
Díaz Pizango, 
Luis Adler; 
Macahuachi Hoyos, Andinger y 
Viñas, Matías

martes, 15 de octubre de 2024

¿Porqué no proponer este proyecto en el Alto Huallaga?

Durante lo aprendido en el Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos que la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene, se viene a la mente varias experiencias vividas y aprendidas en la Amazonía.

En la feria de proyectos de desarrollo que la profesora Ruth Mier y Terán planteaba en el curso PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA AMAZONÍA, surgió la idea de presentar este proyecto a la clase.

Siembra un árbol, siembra esperanza

"Escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres" nos invita el Papa Francisco en la Laudato Si'. Por ello, el proyecto "Siembra un árbol, siembra esperanza" tiene el objetivo de reforestar con la shiringa las comunidades del Alto Huallaga - Huánuco. Recordar que esta especie (Hevea brasiliensis, "jebe fino", "caucho"), nos recuerda las atrocidades del "holocausto cauchero". Involucrando a las comunidades a través de las unidades educativas, fomentar la práctica de la extracción del latex de la shiringa para la producción de láminas que serán usados en la confección de calzados. A través de una práctica sustentable, este proyecto protege los ecosistemas, revalorando el bosque amazónico, involucrando a los pobladores, promoviendo emprendimientos dando trabajo a las comunidades. 

En estos últimos 40 años, el Alto Huallaga se ha caracterizado por ser un valle plagado de producción de hoja de coca que va al narcotráfico. Las secuelas del terrorismo y de los 30 años de violencia vividos ha dejado en la población una herida que permanece y para el Estado una tarea pendiente con la población. Proponer a las nuevas generaciones un nuevo emprendimiento que no se limite a la cosecha de la resina sino darle un valor agregado, escuchando la experiencia de los mayores y de los pueblos indígenas que trabajan con ella.



martes, 8 de octubre de 2024

PIACI versus Perenco: resistencias versus amenazas

PIACI versus Perenco: resistencias versus amenazas 

Por Roberto Carrasco


Este 8 de octubre de 2024 no es un día cualquiera. Es un buen día para recordar el paso por el Perú de una empresa extractivista transnacional, llamada PERENCO.

La petrolera franco-británica Perenco opera[ba] en la Amazonía peruana desde 2008, cuando obtuvo del gobierno la concesión del lote 67, un área de exploración y extracción que contaba con 150.277 barriles probados de crudo. En ese momento, el presidente Alan García llamó al proyecto un "milagro".

¿A qué "milagro" se refirió Alan García Pérez?

En primer lugar tendríamos que recordar al segundo gobierno aprista como uno de los que más apostó (¡y de qué manera!) con la promoción de las actividades extractivas de hidrocarburos sobre el territorio amazónico. Por esos años, solo en la provincia de Maynas, Loreto - Perú, en la cuenca del río Napo, incluyendo los ríos Tamboryacu, Curaray y Arabela, se encontraban: el lote 39 (REPSOL), el lote 67 (PERENCO), el lote 121 (SUBANDEAN), el lote 169 (BURLINGTON), el lote 117 (PETROBRAS), y en el tramo del medio Napo, el lote 123 (BURLINGTON), y en proceso de aprobación estaba el lote 178.

FUENTE: SICNA, 2009

En junio de 2008, el Estado peruano le otorga la titularidad a Perenco del derecho de superficie de área de esta zona. Mientras que en el otro frente, las organizaciones indígenas de la cuenca del Napo (FECONAMNCUA y ORKIWAN) mantenían su lucha por el reconocimiento y su derecho de asegurar la titulación de sus territorios. Apenas casi el 6% del territorio del distrito del Napo era titulado. Cabe señalar que en este territorio tan remoto e inaccesible otorgado a Perenco debía estar resguardado por haberse confirmado la presencia de pueblos indígenas aislados y contacto inicial, los llamados PIACI


Según el Informe de Conflictos Socioambientales amazónicos publicado por Vigilante Amazónico post conflicto amazónico del 2009, se advertía que 

la presencia de diversas empresas genera gran incertidumbre en la población sobre el rol que deberían cumplir, básicamente por la responsabilidad que tienen ante la población al ingresar y poner en amenaza sus territorios. Una de estas actividades es el tránsito por los ríos Curaray y Napo de barcazas cargadas con diluyentes y crudo de propiedad de la empresa Perenco, proyectado para el año 2013, y cuyos posibles IMPACTOS podrían generar conflictos a futuro.

Entonces, ¿por qué Alan García, habla de un milagro? Quizás porque la multinacional anglo-francesa Perenco, operadora de lote 67, produce globalmente el equivalente a 300 mil barriles de petróleo diarios (CooperAcción, Caso Perenco - 2013). Naturalmente, vista esta noticia desde una mirada de un estado corporativista -que quita la puerta giratoria para poner en su lugar una entrada en arco (Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre - 2012)- conviene. Por cierto, haciendo un análisis de costo de producción, parecía viable económicamente la extracción de hidrocarburos en esta zona.

Los funcionarios del Estado tienen algo que el sector privado no tiene, y es el deber de lealtad al bien mayor, al interés colectivo de todos frente al interés de unos pocos. Las empresas tienen deberes de lealtad para con sus ACCIONISTAS, no con el país.

DAVID M. WALKER, interventor general de Estados Unidos, febrero 2007.

En una publicación del 2023 en el diario La República, Pamela Huerta al referirse acerca del área de exploración y explotación de petróleo asumida por Perenco, señala que ésta  

tenía 150.277 reservas de crudo comprobadas hasta ese momento. El proyecto fue consagrado por el expresidente Alan García como un “milagro” para el país, enalteciendo la vorágine del desarrollo y desconociendo los derechos de los pueblos indígenas que habitan esos territorios. Kichwas y Arabelas principalmente.

Este desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado trajo consigo la ya conocida Huelga Amazónica del 2009, que tuvo precisamente en el Napo uno de los focus más grandes de protestas. En toda la ribera, en especial, en Santa Clotilde, capital del distrito del Napo, se escuchaban los gritos: ¡El Napo no se vende, el Napo se defiende!, en alusión a las medidas asumidas por el gobierno de Alan García

Un marco legal que ha brindado condiciones extremadamente favorables a las empresas extractivas: mientras que la minería y los hidrocarburos aumentaban en importancia y eran priorizadas como actividades estratégicas, las comunidades campesinas e indígenas y sus actividades económicas eran excluidas de las prioridades gubernamentales y sus derechos eran claramente afectados. (CooperAcción, Caso Perenco - 2013)

En segundo lugar, por una cuestión de justicia tendríamos que recordar a las organizaciones indígenas locales y nacionales que ya advertían de las consecuencias de una gestión pública de este calibre -irresponsable y obtusa- y de como ella causaría serios conflictos en el territorio. 

Cuarenta años de producción petrolera en el norte de la Amazonía peruana han causado grave contaminación del medioambiente, aumento de las enfermedades derivadas del petróleo y una intensa disrupción de la vida social tradicional. La organización Aidesep y sus federaciones locales se han opuesto a los proyectos extractivos durante años. Estas luchas han tomado la forma de conflictos sociales, tomas de pozos, acciones judiciales, paros y masivas protestas. En muchos casos, los conflictos derivaron en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. (CooperAcción, Caso Perenco - 2013)
AIDESEP no retrocedió en sus esfuerzos por proteger a los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y se embarcó en el proceso de creación de la Reserva Indígena Napo - Tigre, que finalmente fue aprobada el 25 de julio de 2022.

Es la victoria de los pueblos indígenas sobre una empresa transnacional petrolera. Aunque Perenco no se quiso quedar tranquila, impuso una demanda para detener el proceso de creación de la Reserva Indígena Napo - Tigre, pero no logró su objetivo, retrocedió y dejó sin efecto su demanda.

Paralizado desde febrero de 2023, después de varias interrupciones en 2022 y 2021. En 2022, Perenco anunció que estaría evaluando abandonar el lote 67, junto con el lote 39, debido a que el Gobierno reconoció oficialmente la presencia de grupos de indígenas no contactados. La producción se paralizó debido a la toma del río por el que se transportaba el petróleo por parte de una comunidad indígena de la zona. (Claudia Viale, Petróleo en la Amazonía - 2024)

Finalmente, el silencio de Perenco lo dice todo. Anunció su salida del territorio peruano hace unas semanas atrás. Anda buscando quien la reemplace en medio de las controversias vividas. Se va dejando un cúmulo de 58 infracciones ambientales que afectan a los ecosistemas y a sus habitantes. Deja una gran embarcación a la comunidad de Buenavista que desde el principio fue quien se benefició con los acuerdos post conflicto amazónico del 2009. Deja la Plataforma Itinerante de Acción Social en manos del gobierno de turno que seguirá intentanto llevar al Estado a las fronteras sin escuchar primero a las organizaciones indígenas del Napo. Y deja un "buen recuerdo" a la Marina de Guerra del Perú, celosa institución que supo "garantizar" el "orden" en los ríos de la Amazonía cuando la empresa surcaba o bajaba por las aguas del Napo y luego del Amazonas. 

Que los franco - ingleses abandonen el Perú de esta manera, es la muestra de que los PIACI son una realidad y de verdad si que existen. 

292 pruebas que confirman de manera irrefutable la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento en el ámbito de la solicitud de Reserva Indígena Napo Tigre, la cual se extiende entre las provincias de Maynas y Loreto de la Región Loreto, Perú en la zona de frontera con Ecuador. Además, se establece que estos pueblos serían de filiación cultural Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Zaparo.

Los PIACI no son, como en algún momento se dejó oír un alto funcionario que visitaba la cuenca del Napo, quien aquella vez afirmaba que lo que se dice de los indígenas no contactados es lo mismo que lo que se dice del monstruo del lago Ness.

El milagro más evidente en medio de esta historia, es que los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial están empezando a ser respetados. Aunque todavía hay mucho que seguir trabajando en la custodia de los pueblos y del territorio en Amazonía.




miércoles, 18 de septiembre de 2024

Análisis de la gestión Intercultural del Conflicto Minería Ilegal en Río Nanay

Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos
Curso: Conflictos Sociales Interculturales: fundamentos, procesos y metodologías

Análisis de la gestión Intercultural del Conflicto Minería Ilegal en Río Nanay

Integrantes:

Carrasco Rojas, Roberto - Díaz Pizango, Luis Adler - Macahuachi Hoyos, Andinger - Viñas, Matías.


INTRODUCCIÓN

Según el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales
La gestión del conflicto social es un proceso en el que interactúan las instituciones con principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conforman toda una estructura mediante la cual el Estado asegura su intervención en la resolución de los conflictos sociales de forma integrada, participativa y multisectorial (Proyecto USAID, 2012, p. 83).
Sin embargo, en diálogo con el profesor José Manuyama nos recordaba que
El Gobierno Regional es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).
Por lo tanto, en este análisis partimos de una ausencia de gestión del conflicto por parte del Estado a nivel regional. Frente a dicha ausencia analizaremos la intervención de actores terceros y haremos recomendaciones de cómo intervenir desde un enfoque transformador.

FUENTE: https://ojo-publico.com/4600/la-maldicion-del-oro-la-cuenca-amazonica-del-rio-nanay

ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL LOCAL

Este conflicto es local ya que afecta a comunidades nativas y campesinas, tanto en su alimentación, el uso del agua como en la violencia en que viven. Constatamos que existe una división intracomunitaria de aquellas comunidades que pactan con la minería y aquellas que no. Es evidente que el tejido social y comunitario de las comunidades está corrompido. Su nivel de vulneración es creciente ya que se evidencia una gran pobreza, olvido y abandono frente a un Estado ausente.

Algunos testimonios señalan que
“el estado actúa cuando se lo presiona, pero eso no debe continuar así. ¿Dónde están las autoridades que tienen todo el poder para dialogar con los mineros?, nosotros ya estamos cansados de tanto atropello. Por culpa de los extractivistas de oro nuestros pueblos están enfrentados, incluso, a veces entre familias”, comenta el testigo.

Las comunidades de la cuenca del Nanay están organizadas. Tanto FECONARINA como CONACCUNAY son muestra del trabajo coordinado que vienen realizando, acompañados por ONGs, y últimamente por algunas instituciones del GOREL (ellos actúan como actores terceros internos-externos). Prueba de ello es que FECONARINA ha podido armar sus planes de vida al 2030. Este trabajo está contribuyendo para la transformación del conflicto sobre todo con la participación de los pobladores involucrados a través de sus organizaciones.

Las comunidades afectadas, tanto campesinas como nativas, en un principio buscaron dialogar con los extractores de oro de su territorio, han puesto todos los medios posibles para que se favorezca a las partes, pero la parte extractivista quiso solo negociar no dialogar. Esto implicaba para las comunidades pérdida, aunque en un principio parecía que ambas partes ganaban -las comunidades por cada remesa de oro tenían el 20% de la ganancia- pero hoy no es así. Las comunidades afectadas están trabajando para salir “de una situación de crisis hacia un proceso con condiciones adecuadas para el diálogo” (Proyecto USAID, 2012, p. 85). Toda esta búsqueda las llevó a enfrentarse con los extractivistas, del mismo modo, con el Estado, cada vez más ausente. Hasta ahora, solo intentos de diálogo. Como que la negociación se quiere imponer por encima de todo.

Frente a esta situación toca señalar que el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales, nos recuerda que justamente son los gobiernos locales los que tienen que

ejecutar acciones concretas en la identificación, análisis y gestión de los conflictos sociales, los mismos que deberán armonizar de acuerdo a las necesidades, articulando esfuerzos y generando sinergias con el gobierno regional (Proyecto USAID, 2012, p. 95).

Y aquí está la parte que nos preocupa: ¿cómo se está llevando a cabo la resolución o si se quiere la transformación del conflicto a nivel local? ¿Qué planteamientos siguen sosteniendo las comunidades afectadas o qué quieren lograr con la presencia de la minería informal? En medio de la crisis del conflicto surgen las preguntas: ¿por qué son ineficaces dichos diálogos que aparecen en el proceso sea a nivel local y luego a nivel regional? ¿Están dialogando realmente los pueblos indígenas con los pueblos campesinos? No es suficiente el acompañamiento que reciben sea de algunas ONGs como de otras instituciones que vienen haciendo presencia en la cuenca.


ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL REGIONAL

En este nivel se vislumbra una situación mayor. Lo que ha provocado este conflicto social en el Nanay es que nos demos cuenta que existe una problemática estructural a nivel regional y nacional que no sabe cómo enfrentar una situación de conflicto, o de cómo prevenirlo (los expertos señalan que la intervención temprana es importante, así como la educación y/o sensibilización de las partes); o como resolverlo o mitigarlo.

Lo que nos recuerda el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales es que a los gobiernos regionales les corresponde:

Formular, articular y coordinar políticas y programas en el marco de las políticas nacionales de gestión de los conflictos sociales, de acuerdo a las particularidades de su territorio, realizando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de éstas en su ámbito.
Coordinar con los gobiernos locales la ejecución de las políticas de gestión de conflictos sociales, con énfasis en la prevención, la promoción de una cultura de paz y transformación de conflictos sociales.
Destinar esfuerzos y recursos hacia la creación de unidades orgánicas e instancias especializadas, mecanismos, procedimientos y metodologías orientadas a dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en el ámbito del territorio regional y en articulación con el órgano especializado del nivel nacional (Proyecto USAID, 2012, p. 94-95).

Pero el conflicto está por cumplir 25 años y lejos de solucionarse, constatamos que se irá acrecentando y, es por lo mismo, no ha habido un tratamiento real de como saber proceder frente a los actores involucrados. Pero el problema persiste con el paso de los años; nos relata José Manuyama:

En el Nanay, en el 2000 más o menos, ya hubo un intento de sacar oro, aguas arriba. En este momento, fue expulsado dentro de las comunidades, el Estado. Luego hay proceso de exploración petrolera en el Nanay, que el Comité del Agua también colaboró para que se elimine este proyecto que era otra amenaza más para el Nanay (entrevista propia).

Luego comienza la segunda etapa con el escalamiento del conflicto. Aparecen y se multiplican las dragas; hay enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; hay un mejor equipamiento e inteligencia de las dragas; se comienzan a corromper algunas autoridades de las comunidades; se entregan concesiones mineras; a la vez que hay resistencias por líderes comunitarios. La población de Iquitos se manifiesta, los gobiernos regionales de turno declaran en algunas oportunidades al río Nanay en emergencia.

Continúa describiendo Manuyama:

Nuevamente, el segundo momento de minería ilegal viene con más fuerza y está vigente. Antes de la pandemia y después de la pandemia continúa. Y es todo el centro del conflicto. Entre miles de personas hemos salido a la calle entre el año pasado y este año para que se resuelva este problema (entrevista propia).

Como a menudo se puede ver, una práctica común disuasiva que se desarrolla cada cierto tiempo en la cuenca es la quema de dragas artesanales como parte de una acción erradicadora de actividades ilícitas en la zona. Esta acción la lleva a cabo la Marina de Guerra (Ministerio de Defensa) en coordinación con la PNP (Ministerio del Interior) con la presencia de la FEMA Loreto (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto) (Cf. Gob.pe, 2024). Estas intervenciones afectan a las comunidades nanainas. Incluso, algunas de ellas se llevan a cabo en colaboración con algunos comuneros de las diferentes localidades de la cuenca. Pero normalmente estas acciones disuasivas que son coordinadas con el GOREL no resuelven el problema.

“A la fecha no se ve un fortalecimiento de capacidades en las comunidades ni alternativas económicas y productivas”, comentó Manuyama, “si no hay oportunidad de trabajo siempre las comunidades van a ser vulnerables ante estas actividades que a la larga son dañinas para todos porque contaminan el río y destruyen las comunidades con la trata, prostitución, alcoholismo y otras problemáticas sociales” (CAAAP, 2021).

Resulta que el rol del Gobierno Regional como actor es clave en este problema, sea para resolverlo o para no hacerlo. Frente a esto, el profesor Manuyama afirma que

el GOREL está a cargo de un Área de Conservación Regional que está en medio y en la cabecera del Río Nanay. Cualquier cosa que suceda ahí tiene que estar bajo el control del Gobierno Regional, sin embargo, tanto en inversión como en coordinación con instituciones como policiales, militares o fiscales, el trabajo es negativo. El Gobierno Regional tiene dinero este año para invertir en las comunidades, sin embargo, no se sabe de ningún proyecto emblemático para el Nanay. Siendo el Nanay tan importante para la población más grande del Departamento de Loreto. Entonces es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).

Según el intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat, Antonio Peña, el problema de la minería ilegal del oro es un tema multisectorial (Gutierrez y Vilcapoma, 2024, pp. 4-5). Por ello, la pregunta que nos hacemos en esta etapa es: ¿qué políticas y/o programas de gestión de conflictos sociales contaba el GOREL para enfrentar esta situación? La región Loreto está caracterizada por una amplia variedad de conflictos sociales que no han sabido ser tratados o atendidos. Falta de seguimiento, acompañamiento, articulación, e incluso coordinación con los gobiernos locales para ejecutar políticas de gestión de conflictos sociales. Es muy probable que los gobiernos locales no tengan los mecanismos, políticas y personal competente, incluso, a nivel intercultural, para actuar en estas situaciones. ¿La cultura de paz y transformación de conflictos sociales es parte importante en las políticas que ejecutan los gobiernos locales y/o regionales?, nos preguntamos.

Mientras estamos realizando este análisis se ha producido un hecho muy importante, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con fecha 15 de agosto de 2024, ha declarado la nulidad de una concesión minera, suspendiendo otras que estaban en proceso. Esto no sólo es un paso para no dar avance a la minería legal sino que también pone de manifiesto la necesidad de terminar con la minería ilegal para la protección del río Nanay. Por este motivo, consideramos que es posible que se esté entrando en una etapa de crisis si es que el poder judicial y legislativo logran decir no a la minería ilegal.

Finalmente, si no se llega a un diálogo entre las tres partes (comunidades, mineros ilegales y el Estado) la cuenca del Nanay se vería más afectada. Y esta afectación sería a nivel político (un gobierno local vulnerable, incluso, por no saber cómo enfrentar la situación); a nivel económico (porque la población sigue encontrando en la minería informal una forma de sobrevivencia y de respuesta a la pobreza que aumenta en la región); y lo más penoso, es el nivel ecológico porque se estaría afectando toda la biodiversidad, los bosques, las aguas, y en consecuencia, la vida de los pobladores.

Apostar por el diálogo sigue siendo el mejor camino, donde las partes expresan sus razones y puedan encontrar una solución razonable. El GOREL en representación del Estado tendría que garantizar el respeto a los derechos de las personas y la protección del territorio en la cuenca con una puesta en práctica del diálogo intercultural.

José Manuyama, continúa manifestando su preocupación y dice que

“el Nanay tiene que liberarse de toda actividad ilícita, especialmente de la minería ilegal, porque está en riesgo la vida de medio millón de personas (...) cuantos más seamos, más podemos presionar para que el Estado nos atienda”, indicó a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). (Valdivia Blume, 2024)

En consecuencia, a esta altura del análisis, nos surgen otras preguntas: ¿quién está legitimando de manera constante este conflicto?, ¿quién está planteando una solución real al conflicto?, y por último, ¿quién estaría financiando este conflicto?


ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL NACIONAL

El año 2013, la Defensoría del Pueblo en su Informe N° 160 sobre Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros (entidad responsable de la coordinación con distintas instancias del Estado) que presida la Comisión Multisectorial Permanente, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Estado frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización. Una vez instalada la Comisión Multisectorial, tendrá entre sus funciones:

a) Establecer la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, así como recomendar los ajustes y las mejoras correspondientes.

b) Dar seguimiento al proceso de formalización establecido en el Decreto Legislativo N° 1105, así como recomendar ajustes y mejoras correspondientes.

c) Elaborar informes semestrales sobre el avance y los resultados de la implementación de las acciones establecidas en los Decretos Legislativos.

d) Elaborar propuestas de desarrollo alternativo y remediación en las zonas afectadas por la minería ilegal.

e) Desarrollar programas sociales para la erradicación de trabajo infantil y la prostitución de menores en las zonas donde se realizan actividades mineras.

También, recomienda al Ministerio de Energía y Minas (instancia del gobierno nacional encargada de elaborar, aprobar, proponer, aplicar la política y dictar la normativa pertinente del sector minería) que con respecto a la minería informal e ilegal, sus funciones serán:

a) apoyar al reforzamiento de las capacidades de gestión de los gobiernos regionales;

b) administrar el Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal;

c) elaborar y aprobar, conjuntamente con el MINAM, el Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal, así como por la Pequeña Minería y la Minería Artesanal; y

d) emitir el informe técnico favorable previo a la emisión de la Resolución de Autorización de Inicio de actividades de exploración o explotación, así como de beneficio de minerales.

Frente a este rol de la Defensoría del Pueblo vemos que las recomendaciones dadas por ella todavía no van en la vía de la resolución del conflicto social. Nos preguntamos: ¿quiénes son los cómplices de este conflicto?. Al respecto, Mons. Miguel Angel Cadenas, del Vicariato Apostólico de Iquitos

es categórico al recordar la expresión que en otras oportunidades ha usado y con la que en esta oportunidad se refiere a la problemática del Río Nanay que define como una «zona de sacrificio» porque se trata de territorios donde el Estado no invierte lo suficiente o favorece la contaminación y que generalmente corresponden a zonas de poblaciones vulnerables y no logran percibirse los beneficios futuros para dichos grupos humanos. Aspectos que se cumplen en el caso de la situación que padecen los habitantes de las riberas del río Nanay afectados por la concesión minera y la falta de voluntad política [...] «Invito a los políticos a velar por el bien común, no por el interés de unos pocos. Ahora bien, las comunidades necesitan dinero para su vida diaria, haciéndolas más vulnerables». Para Mons. Cadenas «el Estado no puede, ni debe, unirse a los grupos económicos que solo buscan su beneficio a costa del medio ambiente y de la seguridad alimentaria e hídrica de los moradores del Nanay y de la ciudad de Iquitos». (Calderón Gómez, 2023)

Es claro que el negocio del oro, sigue siendo la principal amenaza del lavado de activos en el Perú, por lo tanto, un delito, es más rentable que cualquier otro negocio ilegal, incluso, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú se estima que esta actividad ilegal moviliza en Perú alrededor de USD 3.721 millones, el monto más alto respecto a otros delitos [...] incluyendo el tráfico ilícito de drogas [...] los delitos tributarios, [...] los delitos contra la administración pública, según las investigaciones encontradas. Se sigue que, la ausencia del Estado no permite una transformación del conflicto (Berríos, 2023).

En relación a los tratados internacionales que el Estado Peruano ha ratificado, tenemos el Convenio 169 de la OIT. Convenio que entró en vigor en Perú en 1995. Al tener este Convenio 169 un carácter constitucional, es decir, que está al mismo nivel que la Constitución Política, se sigue que el Estado Peruano está obligado a velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En lo que respecta a la Consulta Previa en los casos de minería, ésta se aplica una vez que se han aprobado los permisos previos, incluido el Estudio de Impacto Ambiental. En este procedimiento se ve cómo se considera a este derecho colectivo un mero trámite ya que no se toma en cuenta a los pueblos indígenas. En el caso de la minería ilegal del Río Nanay y de la entrega de concesiones mineras por el Estado no se ha realizado el proceso de Consulta Previa. Por lo tanto, no sólo se estaría vulnerando este derecho sino que también muchos otros, como los derechos a la libre determinación y autodeterminación.


RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN DESDE UN ENFOQUE TRANSFORMADOR

Para la gestión del conflicto desde un enfoque transformador a largo plazo y que tenga un impacto sobre la problemática estructural es necesaria la intervención del Estado de forma integrada, participativa y multisectorial. Para ello es necesario la intervención de actores terceros. En este caso recomendamos la conformación de una comisión integrada por la FECONARINA, el Vicariato Apostólico de Iquitos y la Defensoría del Pueblo, tres instituciones en las cuales las comunidades tienen confianza y que pueden cumplir un rol de articuladores a nivel local y regional. A la vez por estar integradas por actores terceros tanto internos, como externos e interno-externo se cuidará y se privilegiarán las dimensiones interculturales, ya que cuando todas las partes son de cultura diferente, estas dimensiones son máximas (Avruch & Black, pág. 8)

Esta comisión visitará las comunidades del Alto Nanay convocando a los comuneros al diálogo. En los locales comunales se dialogará a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo me siento cuando veo una peque-draga?, ¿por qué me siento así? A partir de ese diálogo y escucha en las comunidades se podrá identificar las problemáticas del conflicto, así como los sentimientos negativos que existen entre las partes.

Si este diálogo puede darse en las comunidades y una vez reconocidas las problemáticas de fondo, se puede motivar a una conciliación en las comunidades sobre algunos puntos en común que necesitan para el buen vivir.

A partir de aquí y de manera multisectorial, el GOREL puede acercarse y comenzar un diálogo a través de diferentes gerencias que tengan que ver con las problemáticas. Si se garantizan los derechos a la educación, a la salud, al agua potable; si se trabaja en una economía desde la mirada de los pueblos indígenas y ribereños; y si se respetan los derechos colectivos al territorio, a la autodeterminación y a la gobernanza de los pueblos indígenas, se estará impactando en los problemas estructurales del conflicto.

Por otro lado, son necesarias las acciones judiciales contra la minería ilegal y contra la adjudicación de concesiones mineras que contaminan las aguas. A nivel nacional, se seguirán desarrollando actividades que tengan incidencia para la construcción de políticas públicas que cuiden la vida de los pueblos de la Amazonía, como así también para el cumplimiento del Convenio 169.


ALGUNAS CONCLUSIONES

El conflicto social en Nanay nos lleva a pensar acerca de la importancia de cómo poder plantear y trabajar con las comunidades de la cuenca el tema de prevención y manejo de conflictos para conservar la paz y el respeto entre comunidades. Así como manejar un sistema de alerta temprana que permita a la población manejar y analizar la información sobre posibles peligros que podrían afectar a las comunidades y que respuestas tener frente a las posibles amenazas que traerían las políticas extractivistas en la región.

Preocupa como se han ido desarrollando los diálogos. ¿Cuáles han sido esas falsas soluciones que han aparecido en el proceso durante todos estos años?, ¿cómo desenmascarar la verdad? Si los diálogos no fueron eficaces, habría que desenmascararlos. El rol que jugarían los actores terceros internos - externos nos podría ayudar a responder si ¿el ritmo de las inversiones en el río Nanay están respondiendo a las necesidades de las comunidades?

Hay diversas visiones del mundo. Todas han de ser respetadas, sin embargo, ¿cuáles serían los principios de diálogo que podríamos aplicar en este contexto? Sabiendo que una cosa es el diálogo y otra la negociación. Sabiendo que el paternalismo es una constante amenaza al diálogo. Entonces, nos preguntamos: ¿quién está en situación de carencia, de vulnerabilidad en medio de este conflicto social?, ¿cuáles han sido los acuerdos cumplidos y cuáles no? En este proceso de diálogo, incluso el promovido por el Estado, ¿quién impone sus ideas?, ¿los indígenas actúan según su cosmovisión? Y en la ciudad de Iquitos, ¿qué rol juegan los medios de comunicación social?

Finalmente, ¿qué hubiera sucedido si como parte de los principios de resistencia de una comunidad amazónica, esta dice no a la minería? Y lo dice porque tiene derecho a decir no, en ese deseo de tener a su territorio libre de actividades extractivistas.

FUENTE: https://es.mongabay.com/2024/01/peru-frenan-entrega-de-concesiones-mineras-rio-nanay-solo-por-un-ano/


BIBLIOGRAFÍA

Avruch, K. y Black, P. La resolución de conflictos en marcos interculturales: problemas y perspectivas.

Berríos, M., (2023). Minería ilegal se extiende en más de 30 distritos de cinco regiones amazónicas del Perú. Ojo Público. https://ojo-publico.com/ambiente/mineria-ilegal-peru-avanza-mas-30-distritos-la-amazonia

CAAAP, (2021). Minería ilegal en el Nanay (Loreto): Destruyen 12 peque-dragas, pero no hay detenciones. https://caaap.org.pe/2021/08/30/mineria-ilegal-en-el-nanay-loreto-destruyen-12-peque-draga s-pero-no-hay-detenciones/

Calderón, P. (2023). Mons. Miguel Ángel Cadenas: “No puede haber desarrollo, sin vida digna para los moradores del Río Nanay”. ADN Celam. https://adn.celam.org/mons-miguel-angel-cadenas-no-puede-haber-desarrollo-sin-vida-digna -para-los-moradores-del-rio-nanay/

Defensoría del Pueblo, (2013). Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. Informe N° 160. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.

Gob.pe, (2024). Duro golpe a la minería ilegal en la cuenca del Río Nanay. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1011444-duro-golpe-a-la-mineria-ilegal-en-la-c uenca-del-rio-nanay

Gutierrez R., M. y Vilcapoma, Y. (2024). Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones. El Comercio. https://elcomercio.pe/lima/judiciales/duenos-de-procesadoras-de-oro-enfrentan-graves-investigaciones-paltarumi-dorato-llipata-jimmy-pflucker-sandro-herrera-noticia/#:~:text=Desde%2 0setiembre%20del%202023%2C%20Iv%C3%A1n,las%20actividades%20de%20su%20plan ta).

Macahuachi H. (2024). Entrevista al Profesor José Manuyama. Entrevista propia.

Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, (2012). Programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos regionales y locales: análisis de conflictos sociales. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.

Valdivia Blume, D., (2024). Loreto: ciudadanos protestan contra la minería ilegal ante incremento de dragas en ríos Nanay y Marañón. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2024/06/06/loreto-ciudadanos-protestan-contra-la-mineria-ileg al-ante-incremento-de-dragas-en-rios-nanay-y-maranon/




sábado, 14 de septiembre de 2024

Análisis: Gobernanza en la cuenca del Napo

Trabajo de redacción de ensayo

Curso: Territorios Indígenas y Gobernanza Territorial

Análisis: Gobernanza en la cuenca del Napo

Estudiante: Roberto Carrasco Rojas


Richard Rubio Condo, ex presidente de FECONAMNCUA y ex vicepresidente de AIDESEP, hablando sobre Seguridad Jurídica Territorial, afirma: “muchísimo tiempo lleva este tema. No quieren considerar una agenda política nacional porque no conviene al Estado”. Partimos de esta afirmación para poder reflexionar cómo está la situación actual sobre gobernanza territorial en los pueblos del río Napo, Loreto – Perú.

Hace más de diez años se elaboró una Agenda Política Común de los distritos de Torres Causana y Napo1. La primera preocupación que ella tiene trata de la Seguridad Jurídica y Territorio. Consideramos que esta agenda es el producto de una acción colectiva de dos federaciones indígenas que por años han venido trabajando a través de asambleas, congresos y otros encuentros, cómo podrían lograr la ampliación de sus terrenos y la actualización de sus titulaciones. Damos por entendido que este tipo de procesos se entrampa por varias razones. Brower haciendo una crítica al tema gobernabilidad-modelo liberal señala que la corrupción en nuestra región ha dado paso a una mala gobernabilidad neoliberal2. Por aquellos años, en la Amazonía peruana no era casualidad política ver como el gobierno central facilitaba a las empresas extractivistas poder explotar petróleo. Incluso les crearon decretos leyes. Por ejemplo, en el Napo a la empresa petrolera Perenco se había ubicado en el lote 67. Se le facilitó y abrió toda posibilidad de adentrarse fácilmente a la zona a pesar de los conflictos que se dieron3  y de las infracciones ambientales que venía cometiendo en contra de las comunidades indígenas4. Vemos como la práctica de la autoridad tanto a nivel nacional como regional vira hacia una dirección ya conocida, el poder económico imperante en el Perú.

Un dato relevante es cómo la preocupación de los pueblos indígenas del Napo se pudo extender hacia la sociedad civil. Durante el 2009, en pleno conflicto amazónico en Copal Urco – río Napo, se dieron los primeros diálogos para conformar un Comité Multisectorial del Napo. Este comprometía a los representantes de varios sectores de la sociedad, quienes valiéndose de la Ley 26300 sobre Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el año 2013 deciden después de algunos intentos, piden al alcalde distrital del Napo su reconocimiento como organización de la sociedad civil que tiene como objetivo servir de espacio de diálogo, concertación, participación y vigilancia de las diversas problemáticas que se presentan en el distrito. Con la creación de este Comité Multisectorial lo que se buscaba era contribuir en la gobernanza a partir del diálogo concertado, desde un enfoque intercultural y de derechos, en el marco de la prevención de conflictos sociales.5 

A diferencia de lo que ocurría en otras cuencas de la amazonía peruana, lo que venía ocurriendo en el Napo era la muestra de cómo una problemática era inicialmente asumida por indígenas, ribereños, campesinos y población en general. Este deseo de unir preocupaciones y dialogar acerca de sus necesidades ya se venía dialogando en diversas asambleas por algunos años. Aquí estaría un gran dilema, saber cuánto las autoridades locales y regionales están preparadas para elaborar políticas públicas que respondan a demandas que nacen de los lugares mismos y no desde un escritorio. La periodista Aguirre (2007) conversó con el misionero canadiense, Juan Marcos Mercier, quien en su momento decía:

a veces creo que con tanto proyecto hemos hecho de Angoteros un monstruo, que no les dejamos respirar, que les insistimos en que se preparen y se capaciten, sin dejarles a ellos mismos espacio para que resuelvan sus crisis. […] Probablemente les hemos hecho un daño con todo esto, se han habituado a nuestra dependencia, a depender de nuestra ayuda. La cantidad de proyectos que ofrecen las organizaciones internacionales se vuelven como una droga, como un opio que nos obliga a hacer uno y otro sin parar, sin evaluar, sin volver atrás, y terminamos cambiando tanto a los runas que solo queda la confusión (p. 291)6.

Muchos proyectos ocasionaron que los nativos estén a veces como perdidos, desorientados, o se muestren incoherentes frente a las actuaciones del mundo occidental7. Sin duda, Mercier ya advertía esta situación hace años. 

Pasado el contexto de la huelga amazónica del 2009, la problemática territorial aún continua en la cuenca. Muchas comunidades no habían concluido su reconocimiento y algunas que pudieron terminar el trámite seguían a la espera de la titulación definitiva. García Hierro (2013) habla de disminución progresiva de las garantías territoriales a través de una flexibilización progresiva de las normas que proporcionan seguridad jurídica a los territorios indígenas y de la proliferación de normas legales con criterios diferentes y exclusiones territoriales a veces subrepticias8.

Un estudio sobre vulnerabilidad de los derechos indígenas en el Napo elaborado por Huaco (2013), señala como el derecho al territorio está siendo vulnerado: 

se viola el derecho Kichwa al territorio desde que, sin consulta previa, terceros penetran en su territorio ancestral para extraer oro, se usan y contaminan recursos naturales que pertenecen a dicho territorio (el agua y los peces) y el Estado no garantiza debidamente la integridad de ese derecho repetidamente transgredido dado que la represión del Estado al delito ha sido posterior a los ingresos de mineros ilegales, siendo deber del Estado no sólo el reprimir sino el prevenir dichas intrusiones mediante normas e instituciones adecuadas como lo establece el artículo 18 del Convenio 1699.

Un informe de Vigilante Amazónico (2013) alerta sobre la contaminación en el río Napo. Una situación que ha generado incertidumbre en la población frente a los resultados de un estudio sobre “Metales pesados en la cuenca del río Napo: un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, elaborado por el Centro de Salud de Santa Clotilde. Además, de la controversia por la autorización a una empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú SAC dedicada al cultivo de palma aceitera en el río Tambor10. ¿Será que los pueblos de la cuenca del Napo empezaron a depender de proyectos, decisiones e intereses ajenos como los traídos por petroleros, mineros, madereros, comerciantes, etc?

Frente a esta otra problemática analizada por las organizaciones, el gobierno local no da señales de cómo enfrentar, por ejemplo, el aumento del narcotráfico y de mafias madereras presentes en la cuenca. Para asegurar la sostenibilidad en el manejo de los bosques, es necesario asegurar la gobernanza local11, lo afirma Glave y Borasino (2019). Y en el Alto Napo, a pesar de que algunos alcaldes son indígenas es evidente la ausencia de iniciativas para la definición autónoma de las prioridades de desarrollo, como lo diría García (2013)12. En esta circunstancia concreta se puede cuestionar la gobernabilidad existente en la región. No hay condiciones que permitan a los pueblos de la cuenca una efectiva acción del gobierno frente a estos peligros que enfrenta la población. ¿Está funcionando la descentralización del poder estatal en la Amazonía? Pareciera que la acción pública no es solo parcial, es casi nula por una ausencia continua del Estado en las fronteras. ¿Los alcaldes o gobernadores son realmente actores o intérpretes de las necesidades que tienen los pueblos de la ribera?

Si hablamos de gobernanza, nos preguntamos, ¿qué capacidad tiene el gobierno local para movilizar a un conjunto de actores que preocupados por lo que sucede en su territorio no reciben ni un ápice de ayuda? Hasta ahora las políticas públicas locales o regionales ejecutadas, al parecer no han demostrado un mayor interés por la seguridad jurídica territorial de los pueblos de la cuenca del Napo. Otro ejemplo es que no hay agua potable en casi la totalidad de la población. La Agenda Política Común exige que se garantice el acceso al agua potable y saneamiento básico. ¿Cuándo los mestizos llegarán a entender un plan de manejo de territorio como lo entienden los pueblos indígenas? Los naporunas han demostrado por años que saben manejar su territorio, proteger sus bosques, su fauna, cuidar la vida. ¿Están preparados los sistemas políticos para comprender lo complejo y diverso que son las demandas sociales? Si la gobernabilidad se vincula al concepto de democracia, entonces, la democracia debe asegurar los estándares de participación real […] control final de la agenda13, pero de una agenda indígena. En fin, Vargas y Pasquis tendrían razón al afirmar que los procesos de gobernanza requieren de dinámicas de interacción social que pueden nutrirse de otros procesos que no son necesariamente diseñados para incentivarla directamente14 (p. 119).

La última preocupación que tenemos es cuánto las nuevas generaciones están interesadas en la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía. Preocupa mucho la desvinculación que estas generaciones tienen y la ausencia de ellos en el territorio. Las pocas oportunidades de salir adelante no les permite quedarse en la cuenca. Esta migración juvenil no podemos ignorarla.

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NOTAS:

1. Carrasco R. (2014, 31 de mayo). Agenda Política Napuruna – 10 años después [blog]. https://www.eltrochero.com/2024/05/agenda-politica-napuruna-10-anos-despues.html 

2. Brower J. (2016). En torno al sentido de gobernabilidad y gobernanza: delimitación y alcances. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 67, pp. 149-162.

3. Cf. Carrasco R. (2017, 30 DE JUNIO). Desde el bloqueo del Napo el 2009 hasta hoy… ¿qué ha cambiado? [blog]. https://www.eltrochero.com/2017/06/del-bloqueo-del-napo-el-2009-hasta-hoy.html 

4. Cf. Huerta P. (2023, 18 de diciembre). El silencio de Perenco: la petrolera ocultó infracciones ambientales a comunidades indígenas de Loreto. La República

5. Carrasco R. (2013). Comité Multisectorial del Napo. En espera de resolución de alcaldía. Ñukanchi Llakta, 21, p. 5.  https://www.eltrochero.com/p/nukanchi-llakta-n-21-napo-peru.html 

6. Aguirre, M. (2007). La utopía de los Pumas. Quito: CICAME.

7. Aguirre, o.c., p. 303.

8. García P. (2013). Gobernanza y Pueblos Indígenas. Orientaciones diciembre 2013. IWGIA.

9. Huaco M. (2013). Informe final. Consultoría para estudio sobre vulnerabilidad de los derechos indígenas en el Napo. [Documento interno]. Programa Cuidado de los Bienes de la Creación. CEAS, Lima, Perú, p. 10.

10. Cf. Vigilante Amazónico (2013, enero). Segundo informe semestral. Conflictos Socioambientales amazónicos. CRS – Perú.

11. Glave M. & Borasino E. Informe Final. Gobernanza forestal y sostenibilidad en la Amazonía: avances y desafíos de políticas en el Perú. 

12. Cf. García (2013), o.c.

13. Cf. Brower J., o.c.

14. Vargas G. & Pasquis R. Gobernanza y bienes comunes en la Amazonía brasileña, pp. 107-121.


Boletín BOLPER - Nro. 10 - del 31 de marzo de 2023

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