miércoles, 18 de septiembre de 2024

Análisis de la gestión Intercultural del Conflicto Minería Ilegal en Río Nanay

Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos
Curso: Conflictos Sociales Interculturales: fundamentos, procesos y metodologías

Análisis de la gestión Intercultural del Conflicto Minería Ilegal en Río Nanay

Integrantes:

Carrasco Rojas, Roberto - Díaz Pizango, Luis Adler - Macahuachi Hoyos, Andinger - Viñas, Matías.


INTRODUCCIÓN

Según el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales
La gestión del conflicto social es un proceso en el que interactúan las instituciones con principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conforman toda una estructura mediante la cual el Estado asegura su intervención en la resolución de los conflictos sociales de forma integrada, participativa y multisectorial (Proyecto USAID, 2012, p. 83).
Sin embargo, en diálogo con el profesor José Manuyama nos recordaba que
El Gobierno Regional es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).
Por lo tanto, en este análisis partimos de una ausencia de gestión del conflicto por parte del Estado a nivel regional. Frente a dicha ausencia analizaremos la intervención de actores terceros y haremos recomendaciones de cómo intervenir desde un enfoque transformador.

FUENTE: https://ojo-publico.com/4600/la-maldicion-del-oro-la-cuenca-amazonica-del-rio-nanay

ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL LOCAL

Este conflicto es local ya que afecta a comunidades nativas y campesinas, tanto en su alimentación, el uso del agua como en la violencia en que viven. Constatamos que existe una división intracomunitaria de aquellas comunidades que pactan con la minería y aquellas que no. Es evidente que el tejido social y comunitario de las comunidades está corrompido. Su nivel de vulneración es creciente ya que se evidencia una gran pobreza, olvido y abandono frente a un Estado ausente.

Algunos testimonios señalan que
“el estado actúa cuando se lo presiona, pero eso no debe continuar así. ¿Dónde están las autoridades que tienen todo el poder para dialogar con los mineros?, nosotros ya estamos cansados de tanto atropello. Por culpa de los extractivistas de oro nuestros pueblos están enfrentados, incluso, a veces entre familias”, comenta el testigo.

Las comunidades de la cuenca del Nanay están organizadas. Tanto FECONARINA como CONACCUNAY son muestra del trabajo coordinado que vienen realizando, acompañados por ONGs, y últimamente por algunas instituciones del GOREL (ellos actúan como actores terceros internos-externos). Prueba de ello es que FECONARINA ha podido armar sus planes de vida al 2030. Este trabajo está contribuyendo para la transformación del conflicto sobre todo con la participación de los pobladores involucrados a través de sus organizaciones.

Las comunidades afectadas, tanto campesinas como nativas, en un principio buscaron dialogar con los extractores de oro de su territorio, han puesto todos los medios posibles para que se favorezca a las partes, pero la parte extractivista quiso solo negociar no dialogar. Esto implicaba para las comunidades pérdida, aunque en un principio parecía que ambas partes ganaban -las comunidades por cada remesa de oro tenían el 20% de la ganancia- pero hoy no es así. Las comunidades afectadas están trabajando para salir “de una situación de crisis hacia un proceso con condiciones adecuadas para el diálogo” (Proyecto USAID, 2012, p. 85). Toda esta búsqueda las llevó a enfrentarse con los extractivistas, del mismo modo, con el Estado, cada vez más ausente. Hasta ahora, solo intentos de diálogo. Como que la negociación se quiere imponer por encima de todo.

Frente a esta situación toca señalar que el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales, nos recuerda que justamente son los gobiernos locales los que tienen que

ejecutar acciones concretas en la identificación, análisis y gestión de los conflictos sociales, los mismos que deberán armonizar de acuerdo a las necesidades, articulando esfuerzos y generando sinergias con el gobierno regional (Proyecto USAID, 2012, p. 95).

Y aquí está la parte que nos preocupa: ¿cómo se está llevando a cabo la resolución o si se quiere la transformación del conflicto a nivel local? ¿Qué planteamientos siguen sosteniendo las comunidades afectadas o qué quieren lograr con la presencia de la minería informal? En medio de la crisis del conflicto surgen las preguntas: ¿por qué son ineficaces dichos diálogos que aparecen en el proceso sea a nivel local y luego a nivel regional? ¿Están dialogando realmente los pueblos indígenas con los pueblos campesinos? No es suficiente el acompañamiento que reciben sea de algunas ONGs como de otras instituciones que vienen haciendo presencia en la cuenca.


ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL REGIONAL

En este nivel se vislumbra una situación mayor. Lo que ha provocado este conflicto social en el Nanay es que nos demos cuenta que existe una problemática estructural a nivel regional y nacional que no sabe cómo enfrentar una situación de conflicto, o de cómo prevenirlo (los expertos señalan que la intervención temprana es importante, así como la educación y/o sensibilización de las partes); o como resolverlo o mitigarlo.

Lo que nos recuerda el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales es que a los gobiernos regionales les corresponde:

Formular, articular y coordinar políticas y programas en el marco de las políticas nacionales de gestión de los conflictos sociales, de acuerdo a las particularidades de su territorio, realizando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de éstas en su ámbito.
Coordinar con los gobiernos locales la ejecución de las políticas de gestión de conflictos sociales, con énfasis en la prevención, la promoción de una cultura de paz y transformación de conflictos sociales.
Destinar esfuerzos y recursos hacia la creación de unidades orgánicas e instancias especializadas, mecanismos, procedimientos y metodologías orientadas a dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en el ámbito del territorio regional y en articulación con el órgano especializado del nivel nacional (Proyecto USAID, 2012, p. 94-95).

Pero el conflicto está por cumplir 25 años y lejos de solucionarse, constatamos que se irá acrecentando y, es por lo mismo, no ha habido un tratamiento real de como saber proceder frente a los actores involucrados. Pero el problema persiste con el paso de los años; nos relata José Manuyama:

En el Nanay, en el 2000 más o menos, ya hubo un intento de sacar oro, aguas arriba. En este momento, fue expulsado dentro de las comunidades, el Estado. Luego hay proceso de exploración petrolera en el Nanay, que el Comité del Agua también colaboró para que se elimine este proyecto que era otra amenaza más para el Nanay (entrevista propia).

Luego comienza la segunda etapa con el escalamiento del conflicto. Aparecen y se multiplican las dragas; hay enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; hay un mejor equipamiento e inteligencia de las dragas; se comienzan a corromper algunas autoridades de las comunidades; se entregan concesiones mineras; a la vez que hay resistencias por líderes comunitarios. La población de Iquitos se manifiesta, los gobiernos regionales de turno declaran en algunas oportunidades al río Nanay en emergencia.

Continúa describiendo Manuyama:

Nuevamente, el segundo momento de minería ilegal viene con más fuerza y está vigente. Antes de la pandemia y después de la pandemia continúa. Y es todo el centro del conflicto. Entre miles de personas hemos salido a la calle entre el año pasado y este año para que se resuelva este problema (entrevista propia).

Como a menudo se puede ver, una práctica común disuasiva que se desarrolla cada cierto tiempo en la cuenca es la quema de dragas artesanales como parte de una acción erradicadora de actividades ilícitas en la zona. Esta acción la lleva a cabo la Marina de Guerra (Ministerio de Defensa) en coordinación con la PNP (Ministerio del Interior) con la presencia de la FEMA Loreto (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto) (Cf. Gob.pe, 2024). Estas intervenciones afectan a las comunidades nanainas. Incluso, algunas de ellas se llevan a cabo en colaboración con algunos comuneros de las diferentes localidades de la cuenca. Pero normalmente estas acciones disuasivas que son coordinadas con el GOREL no resuelven el problema.

“A la fecha no se ve un fortalecimiento de capacidades en las comunidades ni alternativas económicas y productivas”, comentó Manuyama, “si no hay oportunidad de trabajo siempre las comunidades van a ser vulnerables ante estas actividades que a la larga son dañinas para todos porque contaminan el río y destruyen las comunidades con la trata, prostitución, alcoholismo y otras problemáticas sociales” (CAAAP, 2021).

Resulta que el rol del Gobierno Regional como actor es clave en este problema, sea para resolverlo o para no hacerlo. Frente a esto, el profesor Manuyama afirma que

el GOREL está a cargo de un Área de Conservación Regional que está en medio y en la cabecera del Río Nanay. Cualquier cosa que suceda ahí tiene que estar bajo el control del Gobierno Regional, sin embargo, tanto en inversión como en coordinación con instituciones como policiales, militares o fiscales, el trabajo es negativo. El Gobierno Regional tiene dinero este año para invertir en las comunidades, sin embargo, no se sabe de ningún proyecto emblemático para el Nanay. Siendo el Nanay tan importante para la población más grande del Departamento de Loreto. Entonces es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).

Según el intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat, Antonio Peña, el problema de la minería ilegal del oro es un tema multisectorial (Gutierrez y Vilcapoma, 2024, pp. 4-5). Por ello, la pregunta que nos hacemos en esta etapa es: ¿qué políticas y/o programas de gestión de conflictos sociales contaba el GOREL para enfrentar esta situación? La región Loreto está caracterizada por una amplia variedad de conflictos sociales que no han sabido ser tratados o atendidos. Falta de seguimiento, acompañamiento, articulación, e incluso coordinación con los gobiernos locales para ejecutar políticas de gestión de conflictos sociales. Es muy probable que los gobiernos locales no tengan los mecanismos, políticas y personal competente, incluso, a nivel intercultural, para actuar en estas situaciones. ¿La cultura de paz y transformación de conflictos sociales es parte importante en las políticas que ejecutan los gobiernos locales y/o regionales?, nos preguntamos.

Mientras estamos realizando este análisis se ha producido un hecho muy importante, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con fecha 15 de agosto de 2024, ha declarado la nulidad de una concesión minera, suspendiendo otras que estaban en proceso. Esto no sólo es un paso para no dar avance a la minería legal sino que también pone de manifiesto la necesidad de terminar con la minería ilegal para la protección del río Nanay. Por este motivo, consideramos que es posible que se esté entrando en una etapa de crisis si es que el poder judicial y legislativo logran decir no a la minería ilegal.

Finalmente, si no se llega a un diálogo entre las tres partes (comunidades, mineros ilegales y el Estado) la cuenca del Nanay se vería más afectada. Y esta afectación sería a nivel político (un gobierno local vulnerable, incluso, por no saber cómo enfrentar la situación); a nivel económico (porque la población sigue encontrando en la minería informal una forma de sobrevivencia y de respuesta a la pobreza que aumenta en la región); y lo más penoso, es el nivel ecológico porque se estaría afectando toda la biodiversidad, los bosques, las aguas, y en consecuencia, la vida de los pobladores.

Apostar por el diálogo sigue siendo el mejor camino, donde las partes expresan sus razones y puedan encontrar una solución razonable. El GOREL en representación del Estado tendría que garantizar el respeto a los derechos de las personas y la protección del territorio en la cuenca con una puesta en práctica del diálogo intercultural.

José Manuyama, continúa manifestando su preocupación y dice que

“el Nanay tiene que liberarse de toda actividad ilícita, especialmente de la minería ilegal, porque está en riesgo la vida de medio millón de personas (...) cuantos más seamos, más podemos presionar para que el Estado nos atienda”, indicó a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). (Valdivia Blume, 2024)

En consecuencia, a esta altura del análisis, nos surgen otras preguntas: ¿quién está legitimando de manera constante este conflicto?, ¿quién está planteando una solución real al conflicto?, y por último, ¿quién estaría financiando este conflicto?


ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL NACIONAL

El año 2013, la Defensoría del Pueblo en su Informe N° 160 sobre Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros (entidad responsable de la coordinación con distintas instancias del Estado) que presida la Comisión Multisectorial Permanente, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Estado frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización. Una vez instalada la Comisión Multisectorial, tendrá entre sus funciones:

a) Establecer la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, así como recomendar los ajustes y las mejoras correspondientes.

b) Dar seguimiento al proceso de formalización establecido en el Decreto Legislativo N° 1105, así como recomendar ajustes y mejoras correspondientes.

c) Elaborar informes semestrales sobre el avance y los resultados de la implementación de las acciones establecidas en los Decretos Legislativos.

d) Elaborar propuestas de desarrollo alternativo y remediación en las zonas afectadas por la minería ilegal.

e) Desarrollar programas sociales para la erradicación de trabajo infantil y la prostitución de menores en las zonas donde se realizan actividades mineras.

También, recomienda al Ministerio de Energía y Minas (instancia del gobierno nacional encargada de elaborar, aprobar, proponer, aplicar la política y dictar la normativa pertinente del sector minería) que con respecto a la minería informal e ilegal, sus funciones serán:

a) apoyar al reforzamiento de las capacidades de gestión de los gobiernos regionales;

b) administrar el Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal;

c) elaborar y aprobar, conjuntamente con el MINAM, el Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal, así como por la Pequeña Minería y la Minería Artesanal; y

d) emitir el informe técnico favorable previo a la emisión de la Resolución de Autorización de Inicio de actividades de exploración o explotación, así como de beneficio de minerales.

Frente a este rol de la Defensoría del Pueblo vemos que las recomendaciones dadas por ella todavía no van en la vía de la resolución del conflicto social. Nos preguntamos: ¿quiénes son los cómplices de este conflicto?. Al respecto, Mons. Miguel Angel Cadenas, del Vicariato Apostólico de Iquitos

es categórico al recordar la expresión que en otras oportunidades ha usado y con la que en esta oportunidad se refiere a la problemática del Río Nanay que define como una «zona de sacrificio» porque se trata de territorios donde el Estado no invierte lo suficiente o favorece la contaminación y que generalmente corresponden a zonas de poblaciones vulnerables y no logran percibirse los beneficios futuros para dichos grupos humanos. Aspectos que se cumplen en el caso de la situación que padecen los habitantes de las riberas del río Nanay afectados por la concesión minera y la falta de voluntad política [...] «Invito a los políticos a velar por el bien común, no por el interés de unos pocos. Ahora bien, las comunidades necesitan dinero para su vida diaria, haciéndolas más vulnerables». Para Mons. Cadenas «el Estado no puede, ni debe, unirse a los grupos económicos que solo buscan su beneficio a costa del medio ambiente y de la seguridad alimentaria e hídrica de los moradores del Nanay y de la ciudad de Iquitos». (Calderón Gómez, 2023)

Es claro que el negocio del oro, sigue siendo la principal amenaza del lavado de activos en el Perú, por lo tanto, un delito, es más rentable que cualquier otro negocio ilegal, incluso, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú se estima que esta actividad ilegal moviliza en Perú alrededor de USD 3.721 millones, el monto más alto respecto a otros delitos [...] incluyendo el tráfico ilícito de drogas [...] los delitos tributarios, [...] los delitos contra la administración pública, según las investigaciones encontradas. Se sigue que, la ausencia del Estado no permite una transformación del conflicto (Berríos, 2023).

En relación a los tratados internacionales que el Estado Peruano ha ratificado, tenemos el Convenio 169 de la OIT. Convenio que entró en vigor en Perú en 1995. Al tener este Convenio 169 un carácter constitucional, es decir, que está al mismo nivel que la Constitución Política, se sigue que el Estado Peruano está obligado a velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En lo que respecta a la Consulta Previa en los casos de minería, ésta se aplica una vez que se han aprobado los permisos previos, incluido el Estudio de Impacto Ambiental. En este procedimiento se ve cómo se considera a este derecho colectivo un mero trámite ya que no se toma en cuenta a los pueblos indígenas. En el caso de la minería ilegal del Río Nanay y de la entrega de concesiones mineras por el Estado no se ha realizado el proceso de Consulta Previa. Por lo tanto, no sólo se estaría vulnerando este derecho sino que también muchos otros, como los derechos a la libre determinación y autodeterminación.


RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN DESDE UN ENFOQUE TRANSFORMADOR

Para la gestión del conflicto desde un enfoque transformador a largo plazo y que tenga un impacto sobre la problemática estructural es necesaria la intervención del Estado de forma integrada, participativa y multisectorial. Para ello es necesario la intervención de actores terceros. En este caso recomendamos la conformación de una comisión integrada por la FECONARINA, el Vicariato Apostólico de Iquitos y la Defensoría del Pueblo, tres instituciones en las cuales las comunidades tienen confianza y que pueden cumplir un rol de articuladores a nivel local y regional. A la vez por estar integradas por actores terceros tanto internos, como externos e interno-externo se cuidará y se privilegiarán las dimensiones interculturales, ya que cuando todas las partes son de cultura diferente, estas dimensiones son máximas (Avruch & Black, pág. 8)

Esta comisión visitará las comunidades del Alto Nanay convocando a los comuneros al diálogo. En los locales comunales se dialogará a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo me siento cuando veo una peque-draga?, ¿por qué me siento así? A partir de ese diálogo y escucha en las comunidades se podrá identificar las problemáticas del conflicto, así como los sentimientos negativos que existen entre las partes.

Si este diálogo puede darse en las comunidades y una vez reconocidas las problemáticas de fondo, se puede motivar a una conciliación en las comunidades sobre algunos puntos en común que necesitan para el buen vivir.

A partir de aquí y de manera multisectorial, el GOREL puede acercarse y comenzar un diálogo a través de diferentes gerencias que tengan que ver con las problemáticas. Si se garantizan los derechos a la educación, a la salud, al agua potable; si se trabaja en una economía desde la mirada de los pueblos indígenas y ribereños; y si se respetan los derechos colectivos al territorio, a la autodeterminación y a la gobernanza de los pueblos indígenas, se estará impactando en los problemas estructurales del conflicto.

Por otro lado, son necesarias las acciones judiciales contra la minería ilegal y contra la adjudicación de concesiones mineras que contaminan las aguas. A nivel nacional, se seguirán desarrollando actividades que tengan incidencia para la construcción de políticas públicas que cuiden la vida de los pueblos de la Amazonía, como así también para el cumplimiento del Convenio 169.


ALGUNAS CONCLUSIONES

El conflicto social en Nanay nos lleva a pensar acerca de la importancia de cómo poder plantear y trabajar con las comunidades de la cuenca el tema de prevención y manejo de conflictos para conservar la paz y el respeto entre comunidades. Así como manejar un sistema de alerta temprana que permita a la población manejar y analizar la información sobre posibles peligros que podrían afectar a las comunidades y que respuestas tener frente a las posibles amenazas que traerían las políticas extractivistas en la región.

Preocupa como se han ido desarrollando los diálogos. ¿Cuáles han sido esas falsas soluciones que han aparecido en el proceso durante todos estos años?, ¿cómo desenmascarar la verdad? Si los diálogos no fueron eficaces, habría que desenmascararlos. El rol que jugarían los actores terceros internos - externos nos podría ayudar a responder si ¿el ritmo de las inversiones en el río Nanay están respondiendo a las necesidades de las comunidades?

Hay diversas visiones del mundo. Todas han de ser respetadas, sin embargo, ¿cuáles serían los principios de diálogo que podríamos aplicar en este contexto? Sabiendo que una cosa es el diálogo y otra la negociación. Sabiendo que el paternalismo es una constante amenaza al diálogo. Entonces, nos preguntamos: ¿quién está en situación de carencia, de vulnerabilidad en medio de este conflicto social?, ¿cuáles han sido los acuerdos cumplidos y cuáles no? En este proceso de diálogo, incluso el promovido por el Estado, ¿quién impone sus ideas?, ¿los indígenas actúan según su cosmovisión? Y en la ciudad de Iquitos, ¿qué rol juegan los medios de comunicación social?

Finalmente, ¿qué hubiera sucedido si como parte de los principios de resistencia de una comunidad amazónica, esta dice no a la minería? Y lo dice porque tiene derecho a decir no, en ese deseo de tener a su territorio libre de actividades extractivistas.

FUENTE: https://es.mongabay.com/2024/01/peru-frenan-entrega-de-concesiones-mineras-rio-nanay-solo-por-un-ano/


BIBLIOGRAFÍA

Avruch, K. y Black, P. La resolución de conflictos en marcos interculturales: problemas y perspectivas.

Berríos, M., (2023). Minería ilegal se extiende en más de 30 distritos de cinco regiones amazónicas del Perú. Ojo Público. https://ojo-publico.com/ambiente/mineria-ilegal-peru-avanza-mas-30-distritos-la-amazonia

CAAAP, (2021). Minería ilegal en el Nanay (Loreto): Destruyen 12 peque-dragas, pero no hay detenciones. https://caaap.org.pe/2021/08/30/mineria-ilegal-en-el-nanay-loreto-destruyen-12-peque-draga s-pero-no-hay-detenciones/

Calderón, P. (2023). Mons. Miguel Ángel Cadenas: “No puede haber desarrollo, sin vida digna para los moradores del Río Nanay”. ADN Celam. https://adn.celam.org/mons-miguel-angel-cadenas-no-puede-haber-desarrollo-sin-vida-digna -para-los-moradores-del-rio-nanay/

Defensoría del Pueblo, (2013). Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. Informe N° 160. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.

Gob.pe, (2024). Duro golpe a la minería ilegal en la cuenca del Río Nanay. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1011444-duro-golpe-a-la-mineria-ilegal-en-la-c uenca-del-rio-nanay

Gutierrez R., M. y Vilcapoma, Y. (2024). Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones. El Comercio. https://elcomercio.pe/lima/judiciales/duenos-de-procesadoras-de-oro-enfrentan-graves-investigaciones-paltarumi-dorato-llipata-jimmy-pflucker-sandro-herrera-noticia/#:~:text=Desde%2 0setiembre%20del%202023%2C%20Iv%C3%A1n,las%20actividades%20de%20su%20plan ta).

Macahuachi H. (2024). Entrevista al Profesor José Manuyama. Entrevista propia.

Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, (2012). Programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos regionales y locales: análisis de conflictos sociales. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.

Valdivia Blume, D., (2024). Loreto: ciudadanos protestan contra la minería ilegal ante incremento de dragas en ríos Nanay y Marañón. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2024/06/06/loreto-ciudadanos-protestan-contra-la-mineria-ileg al-ante-incremento-de-dragas-en-rios-nanay-y-maranon/




sábado, 14 de septiembre de 2024

Análisis: Gobernanza en la cuenca del Napo

Trabajo de redacción de ensayo

Curso: Territorios Indígenas y Gobernanza Territorial

Análisis: Gobernanza en la cuenca del Napo

Estudiante: Roberto Carrasco Rojas


Richard Rubio Condo, ex presidente de FECONAMNCUA y ex vicepresidente de AIDESEP, hablando sobre Seguridad Jurídica Territorial, afirma: “muchísimo tiempo lleva este tema. No quieren considerar una agenda política nacional porque no conviene al Estado”. Partimos de esta afirmación para poder reflexionar cómo está la situación actual sobre gobernanza territorial en los pueblos del río Napo, Loreto – Perú.

Hace más de diez años se elaboró una Agenda Política Común de los distritos de Torres Causana y Napo1. La primera preocupación que ella tiene trata de la Seguridad Jurídica y Territorio. Consideramos que esta agenda es el producto de una acción colectiva de dos federaciones indígenas que por años han venido trabajando a través de asambleas, congresos y otros encuentros, cómo podrían lograr la ampliación de sus terrenos y la actualización de sus titulaciones. Damos por entendido que este tipo de procesos se entrampa por varias razones. Brower haciendo una crítica al tema gobernabilidad-modelo liberal señala que la corrupción en nuestra región ha dado paso a una mala gobernabilidad neoliberal2. Por aquellos años, en la Amazonía peruana no era casualidad política ver como el gobierno central facilitaba a las empresas extractivistas poder explotar petróleo. Incluso les crearon decretos leyes. Por ejemplo, en el Napo a la empresa petrolera Perenco se había ubicado en el lote 67. Se le facilitó y abrió toda posibilidad de adentrarse fácilmente a la zona a pesar de los conflictos que se dieron3  y de las infracciones ambientales que venía cometiendo en contra de las comunidades indígenas4. Vemos como la práctica de la autoridad tanto a nivel nacional como regional vira hacia una dirección ya conocida, el poder económico imperante en el Perú.

Un dato relevante es cómo la preocupación de los pueblos indígenas del Napo se pudo extender hacia la sociedad civil. Durante el 2009, en pleno conflicto amazónico en Copal Urco – río Napo, se dieron los primeros diálogos para conformar un Comité Multisectorial del Napo. Este comprometía a los representantes de varios sectores de la sociedad, quienes valiéndose de la Ley 26300 sobre Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el año 2013 deciden después de algunos intentos, piden al alcalde distrital del Napo su reconocimiento como organización de la sociedad civil que tiene como objetivo servir de espacio de diálogo, concertación, participación y vigilancia de las diversas problemáticas que se presentan en el distrito. Con la creación de este Comité Multisectorial lo que se buscaba era contribuir en la gobernanza a partir del diálogo concertado, desde un enfoque intercultural y de derechos, en el marco de la prevención de conflictos sociales.5 

A diferencia de lo que ocurría en otras cuencas de la amazonía peruana, lo que venía ocurriendo en el Napo era la muestra de cómo una problemática era inicialmente asumida por indígenas, ribereños, campesinos y población en general. Este deseo de unir preocupaciones y dialogar acerca de sus necesidades ya se venía dialogando en diversas asambleas por algunos años. Aquí estaría un gran dilema, saber cuánto las autoridades locales y regionales están preparadas para elaborar políticas públicas que respondan a demandas que nacen de los lugares mismos y no desde un escritorio. La periodista Aguirre (2007) conversó con el misionero canadiense, Juan Marcos Mercier, quien en su momento decía:

a veces creo que con tanto proyecto hemos hecho de Angoteros un monstruo, que no les dejamos respirar, que les insistimos en que se preparen y se capaciten, sin dejarles a ellos mismos espacio para que resuelvan sus crisis. […] Probablemente les hemos hecho un daño con todo esto, se han habituado a nuestra dependencia, a depender de nuestra ayuda. La cantidad de proyectos que ofrecen las organizaciones internacionales se vuelven como una droga, como un opio que nos obliga a hacer uno y otro sin parar, sin evaluar, sin volver atrás, y terminamos cambiando tanto a los runas que solo queda la confusión (p. 291)6.

Muchos proyectos ocasionaron que los nativos estén a veces como perdidos, desorientados, o se muestren incoherentes frente a las actuaciones del mundo occidental7. Sin duda, Mercier ya advertía esta situación hace años. 

Pasado el contexto de la huelga amazónica del 2009, la problemática territorial aún continua en la cuenca. Muchas comunidades no habían concluido su reconocimiento y algunas que pudieron terminar el trámite seguían a la espera de la titulación definitiva. García Hierro (2013) habla de disminución progresiva de las garantías territoriales a través de una flexibilización progresiva de las normas que proporcionan seguridad jurídica a los territorios indígenas y de la proliferación de normas legales con criterios diferentes y exclusiones territoriales a veces subrepticias8.

Un estudio sobre vulnerabilidad de los derechos indígenas en el Napo elaborado por Huaco (2013), señala como el derecho al territorio está siendo vulnerado: 

se viola el derecho Kichwa al territorio desde que, sin consulta previa, terceros penetran en su territorio ancestral para extraer oro, se usan y contaminan recursos naturales que pertenecen a dicho territorio (el agua y los peces) y el Estado no garantiza debidamente la integridad de ese derecho repetidamente transgredido dado que la represión del Estado al delito ha sido posterior a los ingresos de mineros ilegales, siendo deber del Estado no sólo el reprimir sino el prevenir dichas intrusiones mediante normas e instituciones adecuadas como lo establece el artículo 18 del Convenio 1699.

Un informe de Vigilante Amazónico (2013) alerta sobre la contaminación en el río Napo. Una situación que ha generado incertidumbre en la población frente a los resultados de un estudio sobre “Metales pesados en la cuenca del río Napo: un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, elaborado por el Centro de Salud de Santa Clotilde. Además, de la controversia por la autorización a una empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú SAC dedicada al cultivo de palma aceitera en el río Tambor10. ¿Será que los pueblos de la cuenca del Napo empezaron a depender de proyectos, decisiones e intereses ajenos como los traídos por petroleros, mineros, madereros, comerciantes, etc?

Frente a esta otra problemática analizada por las organizaciones, el gobierno local no da señales de cómo enfrentar, por ejemplo, el aumento del narcotráfico y de mafias madereras presentes en la cuenca. Para asegurar la sostenibilidad en el manejo de los bosques, es necesario asegurar la gobernanza local11, lo afirma Glave y Borasino (2019). Y en el Alto Napo, a pesar de que algunos alcaldes son indígenas es evidente la ausencia de iniciativas para la definición autónoma de las prioridades de desarrollo, como lo diría García (2013)12. En esta circunstancia concreta se puede cuestionar la gobernabilidad existente en la región. No hay condiciones que permitan a los pueblos de la cuenca una efectiva acción del gobierno frente a estos peligros que enfrenta la población. ¿Está funcionando la descentralización del poder estatal en la Amazonía? Pareciera que la acción pública no es solo parcial, es casi nula por una ausencia continua del Estado en las fronteras. ¿Los alcaldes o gobernadores son realmente actores o intérpretes de las necesidades que tienen los pueblos de la ribera?

Si hablamos de gobernanza, nos preguntamos, ¿qué capacidad tiene el gobierno local para movilizar a un conjunto de actores que preocupados por lo que sucede en su territorio no reciben ni un ápice de ayuda? Hasta ahora las políticas públicas locales o regionales ejecutadas, al parecer no han demostrado un mayor interés por la seguridad jurídica territorial de los pueblos de la cuenca del Napo. Otro ejemplo es que no hay agua potable en casi la totalidad de la población. La Agenda Política Común exige que se garantice el acceso al agua potable y saneamiento básico. ¿Cuándo los mestizos llegarán a entender un plan de manejo de territorio como lo entienden los pueblos indígenas? Los naporunas han demostrado por años que saben manejar su territorio, proteger sus bosques, su fauna, cuidar la vida. ¿Están preparados los sistemas políticos para comprender lo complejo y diverso que son las demandas sociales? Si la gobernabilidad se vincula al concepto de democracia, entonces, la democracia debe asegurar los estándares de participación real […] control final de la agenda13, pero de una agenda indígena. En fin, Vargas y Pasquis tendrían razón al afirmar que los procesos de gobernanza requieren de dinámicas de interacción social que pueden nutrirse de otros procesos que no son necesariamente diseñados para incentivarla directamente14 (p. 119).

La última preocupación que tenemos es cuánto las nuevas generaciones están interesadas en la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía. Preocupa mucho la desvinculación que estas generaciones tienen y la ausencia de ellos en el territorio. Las pocas oportunidades de salir adelante no les permite quedarse en la cuenca. Esta migración juvenil no podemos ignorarla.

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NOTAS:

1. Carrasco R. (2014, 31 de mayo). Agenda Política Napuruna – 10 años después [blog]. https://www.eltrochero.com/2024/05/agenda-politica-napuruna-10-anos-despues.html 

2. Brower J. (2016). En torno al sentido de gobernabilidad y gobernanza: delimitación y alcances. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 67, pp. 149-162.

3. Cf. Carrasco R. (2017, 30 DE JUNIO). Desde el bloqueo del Napo el 2009 hasta hoy… ¿qué ha cambiado? [blog]. https://www.eltrochero.com/2017/06/del-bloqueo-del-napo-el-2009-hasta-hoy.html 

4. Cf. Huerta P. (2023, 18 de diciembre). El silencio de Perenco: la petrolera ocultó infracciones ambientales a comunidades indígenas de Loreto. La República

5. Carrasco R. (2013). Comité Multisectorial del Napo. En espera de resolución de alcaldía. Ñukanchi Llakta, 21, p. 5.  https://www.eltrochero.com/p/nukanchi-llakta-n-21-napo-peru.html 

6. Aguirre, M. (2007). La utopía de los Pumas. Quito: CICAME.

7. Aguirre, o.c., p. 303.

8. García P. (2013). Gobernanza y Pueblos Indígenas. Orientaciones diciembre 2013. IWGIA.

9. Huaco M. (2013). Informe final. Consultoría para estudio sobre vulnerabilidad de los derechos indígenas en el Napo. [Documento interno]. Programa Cuidado de los Bienes de la Creación. CEAS, Lima, Perú, p. 10.

10. Cf. Vigilante Amazónico (2013, enero). Segundo informe semestral. Conflictos Socioambientales amazónicos. CRS – Perú.

11. Glave M. & Borasino E. Informe Final. Gobernanza forestal y sostenibilidad en la Amazonía: avances y desafíos de políticas en el Perú. 

12. Cf. García (2013), o.c.

13. Cf. Brower J., o.c.

14. Vargas G. & Pasquis R. Gobernanza y bienes comunes en la Amazonía brasileña, pp. 107-121.


sábado, 31 de agosto de 2024

2009: un análisis del conflicto en el río Napo

Trabajo de redacción de ensayo

Curso: Conflictos Sociales Interculturales: Fundamentos, procesos y metodologías

Análisis del conflicto en el río Napo - 2009

Estudiante: Roberto Carrasco Rojas

(1) ¿Cuál sería el propósito de los procesos de resolución de conflictos en nuestra sociedad en el marco de los principios de Sensibilidad al Conflicto y de Acción sin Daño, y desde la perspectiva de Avruch & Black y Burton?

En primer lugar, quisiera en este trabajo volver a compartir parte de un artículo1 que escribí el 2019. Esta experiencia forma parte del inicio de mi vida misionera en la selva peruana. Apenas unos pocos meses atrás había llegado al río Napo – Loreto. En efecto, cuando llegué allí muchas cosas me resultaron nuevas. 

Por un lado, la cultura naporuna, la lengua kichwa, la cosmovisión naporuna, la presencia de los regatones que visitaban los caseríos, la forma de como están organizados los pueblos indígenas de la cuenca, la alimentación, la educación bilingüe intercultural, la sabiduría de los ancianos y la manera de como los misioneros que habían trabajado allí por décadas se había convertido en una respuesta concreta de escucha y acompañamiento a los pueblos naporunas. Los convenios que existen entre el Vicariato y el Estado para atender la educación y la salud. Y de como los misioneros y misioneras se dedican en estos campos. 

Por otro lado, para nosotros era nuevo conocer y empezar a enfrentar otra realidad, que por sí misma no dejaba de cuestionarnos. La presencia de las chatas petroleras que surcaban y bajaban en la cuenca; el aumento de las dragas que alertaban el crecimiento de la minería informal; las largas balsas de troncos de madera que bajaban, sobre todo por las noches, y que expresan una deforestación voraz. En un análisis posterior de la realidad de la cuenca describíamos: “ausencia de gobiernos locales en las poblaciones. Poblaciones inseguras: delincuencia, narcotráfico, navegación sin control permanente, ilícitos y trata de personas. Las aguas del río Napo están contaminadas por metales pesados, derrames petroleros. Falta de liderazgo en la misma población. Pocas y débiles organizaciones sociales en la cuenca”2.

Y cuando visitabamos el último pueblo de la frontera se nota una ausencia del Estado que ya lleva décadas. El abandono de las fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil es evidente. Solo basta llegar y ver cómo se vive en nuestro territorio y como se vive en el territorio del país vecino.

Teniendo esta realidad frente a nuestros ojos, es dificil no dejarse sorprender de cuanta maravilla existe en cuanto a ecosistemas, aguas, bosques, recursos y en especial, la diversidad de culturas y pueblos: kichwas, muruy muinane, huitotos, arabelas, siecoyas, maijunas o llamados también orejones. 

Eran fines del 2008. Llegábamos a quedarnos en la misión. Y en la cuenca del río Napo, las federaciones indígenas (Orkiwan y Feconamncua) no imaginaban que en unos meses, una “bomba” estaba a punto de explotar: la huelga amazónica.

Era un lunes muy de mañana:

El reloj daba las cinco y treinta de la mañana; como todos los días, Santa Clotilde se levantaba muy temprano para empezar ese lunes 04 de mayo del 2009. Como cada lunes un fuerte movimiento de personas en el puerto, algunos vendedores ya instalaban sus pequeños puestos para la venta del día: pescado fresco, algunas verduras, yucas, plátanos, entre otros. 

Algo extraño se dejaba ver: algunas embarcaciones estaban detenidas sin surcar ese día. Probablemente llegaron la madrugada de ese día. La población ya había visto pasar algunas embarcaciones (motochatas) de la empresa petrolera rumbo al Curaray, donde se había instalado el campamento petrolero. Días anteriores las autoridades se habían reunido en la Sala del municipio del Napo porque se había anunciado la presencia de un buque de Guerra de la Marina de Guerra del Perú que surcaba las aguas. Se empezó a sentir cierta zozobra y malestar en algunas autoridades y la población. No se comprendía con exactitud lo que sucedía.

Y es bastante cierto, estábamos tan lejos que no comprendíamos lo que sucedía en la región. Naturalmente, por esta zona del Perú no hay periódicos, no hay noticieros que informen lo que sucede, y mucho menos, si por caso se encontrase una televisión nacional en una casa, probablemente era porque su propietario no era un poblador residente, sino probablemente un negociante de madera. Incluso, si llegase (algo raro en la cuenca) alguna señal de radio de cobertura nacional era solo con información de la ciudad capital del Perú, Lima, y muchas veces señales de radios colombianas o ecuatorianas. Cabe resaltar que una pequeña radio local del gobierno regional de Loreto funciona en las oficinas de la Sub Región Napo, pero con algunas informaciones del acontecer del gobierno de turno en Iquitos. El domingo anterior, Santa Clotilde estaba entretenida con el encuentro de futbol por la Copa Napo, que cada año se realiza con ocasión del aniversario del distrito.

La Huelga Amazónica ya había comenzado en abril:

Por razones obvias eran muy pocos los que estaban enterados que hace casi tres semanas en la Amazonía peruana había empezado un conflicto, la denominada: HUELGA AMAZÓNICA.

Y esto a causa de que el entonces gobierno del presidente peruano Alan García Pérez, había decretado algunas leyes que favorezcan el crecimiento económico del país a través de una política extractiva, a lo que se le conoció más adelante como "la política del perro del hortelano". Todas estas provocaron el malestar de las organizaciones indígenas amazónicas. Nos referimos a las recordados:  Ley N° 29317 y la  Ley N° 29338, y los siguientes decretos: Decreto Legislativo N° 1020, Decreto Legislativo N° 1064, Decreto Legislativo N° 1081, Decreto Legislativo N° 1083, Decreto Legislativo N° 1089, Decreto Legislativo N° 1090 y el Decreto Legislativo N° 994. Todos ellos trajeron diversas reacciones sea de AIDESEP - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -, como también de una parte de la población "informada" de la ciudad de Iquitos (la ciudad más cercana a la población del Napo. Un poblador debe recorrer casi 300 kilómetros para llegar a ella). Sin duda, Lima, la capital del Perú, no conocía de lo que sucedía en la selva. Todavía los pueblos indígenas no se habían hecho sentir. La ciudad de Lima por lo general tiene sus ojos fijos en ella misma y no va más allá de lo que en realidad es todo el Perú.

En medio de este contexto, el investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Antonio Zapata, escribía: "Esta política se ha condensado en una serie de decretos leyes que los amazónicos consideran atentatorios contra sus derechos ancestrales". Pero más allá de los decretos, el gobierno movilizó tropas de policías y militares (marineros sobretodo) a la zona, nunca antes vistas. Es preciso señalar que la presencia de la Policía Nacional del Perú, por muchos años se ha limitado a un máximo de dos a cuatro afectivos que tienen que atender toda la cuenca del río Napo.

La Federación de Comunidades Nativas del Napo, Curaray y Arabela - FECONAMNCUA estaba viviendo un tiempo de debilidad organizacional a causa de las diversas descordinaciones y abandonos de sus dirigentes. Mientras tanto los pueblos kichwas y arabelas ya tenían conocimiento de que el año 2008 el gobierno de García estaba pensando dar luz verde para que la empresa petrolera Perenco (de inversión anglo-francesa), pueda desarrollar el proyecto de “Construcción del Oleoducto y Línea de Diluyente CPF-Andoas Para Uso Propio”, que resultaba ser complementario a otro proyecto de Modernización del Oleoducto Nor Peruano (este a cargo de Petróleos del Perú, conocido como Petroperú). Razón por la cual, estos proyectos se complementaban entre sí y tenían como origen principal la futura explotación comercial del Lote 67, que estaba siendo operado por Perenco Peru Limited Sucursal del Perú. Un lote petrolero muy ambicionado porque allí se tienen importantes reservas de petróleo, los informes indicaban que se trataba de aproximadamente más de 300 millones de barriles, que permitiría producir 100 mil barriles diarios, duplicando así la vigente producción interna en cualquier otro.

Según un "Estudio sobre la actuación de la empresa petrolera Perenco en el lote 67", realizado por el CAAAP y Cooperacción, se señalaba que "todos los lotes petroleros, incluyendo el lote 67 se superponen a los territorios ancestrales y pertenecientes a los pueblos indígenas y las comunidades que se encuentran en ellos. Además se superponen a áreas naturales protegidas donde los ecosistemas son frágiles y de alta biodiversidad". Por otro lado, ya en Iquitos se sabía que los pueblos kichwas y arabelas ya habían decidido tomar medidas y éstas consistían en hacer una protesta. Ellos se organizaron y pasaron la voz a sus pares del Alto Napo (ORKIWAN - Organización Kichwaruna Wangurina del Alto Napo) y del Medio y Bajo Napo (FECONAMNCUA). La idea era bloquear en la zona de la comunidad nativa kichwa de Copal Urco el paso de las embarcaciones de la petrolera y también las comerciales.

Meses atrás:

AIDESEP, había hecho un pronunciamiento a la Opinión Pública, reiterando que la movilización amazónica continuará. Así lo informaba  Radio La Voz de la Selva el 14/04/2009: "AIDESEP y sus Organizaciones Regionales: ORAU, ARPI-SC, ORPIO, CORPI-SL, FENAMAD, ORPIAN y COMARU; el día 09 de abril retomaron la MOVILIZACION NACIONAL INDEFINIDA, suspendida en agosto de 2008, ante la actitud de agresión del Gobierno a los derechos colectivos y ante la negativa de atender las demandas planteadas desde muchos años atrás como la reforma constitucional, reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios ancestrales. 

Además, Radio La Voz de la Selva informaba, también, el 15/04/2009 a través de LVS Noticias, que cuando el periodista Salvador Lavado se  encontraba en el embarcadero conocido como El Huequito, había encontrado aproximadamente 20 efectivos policiales listos para partir a la zona de protesta. Una protesta que ya había sido conversada y que tendría lugar en Copal Urco.

AIDESEP había dado a conocer su posición frente a esta coyuntura: "Nuestros pueblos no han sido escuchados, en el colmo de la agresión, vemos que ahora se pretende privatizar y concesionar las aguas que son fuente de nuestra vida; para ello, hace menos de un mes se fraguó y mutiló en el Congreso, promulgando una Ley de Aguas que atenta contra el derecho de los pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas, de los agricultores de la costa y de la sierra, del derecho al agua como elemento vital de nuestros pueblos y ciudades para convertirlo en una mercancía. Así, no estamos lejos de que el agua de consumo sea privatizada como se hace con los minerales, hidrocarburos y nuestros recursos forestales. Para el actual gobierno los peruanos no tenemos más derecho que las empresas transnacionales a quienes se les entrega todo a cambio de poco o nada". Era natural que esta coyuntura no se conocía bien en medio de los pueblos de la cuenca del Napo. La desinformación, al parecer, jugaba en contra de las poblaciones más vulnerables.

Hasta aquí vemos "tres personajes contra uno": El Gobierno del país, la empresa petrolera y las fuerzas armadas y policiales juntas versus otro personaje, los pueblos indígenas de la Amazonía, que hasta ese momento no habían sido conocidos por la gran mayoría de la población peruana, en especial, aquella que concentra la "mayor" información en ciudades de la Costa y alguna de la Sierra del Perú.

Nos tocaron la puerta de la casa:

La Misión Católica de Santa Clotilde conocía algunas informaciones de lo que sucedía gracias a que en el Centro de Salud de la Misión, existe una conexión de internet que se usaba internamente para atender situaciones de emergencia de salud en toda la Micro Red Napo (a cargo de la Misión Católica).

Una semana atrás, los tres misioneros, Jack, Roberto y Edgar se trasladaron a Copal Urco para escuchar las demandas de los pueblos indígenas congregados allí. En el local de la comunidad una sola voz se escuchó esa mañana: "¡No queremos que la Iglesia se meta!, ¡Váyanse!". Eran las voces que se dejaban escuchar de los líderes y apus kichwas y arabelas, del río Napo y del río Curaray. Decidimos entonces, regresar a Santa Clotilde.

Ese lunes 04 de mayo del 2009, muy temprano por la mañana, escuchamos que sonaba la puerta de la Casa de la Misión. "¡Padre, Padre, por favor ábranos!". Se trataba de un grupo de líderes que venían en representación de los que estaban en Copal Urco. Dialogaron con nosotros y nos pidieron que los acompañásemos porque era inminente el temor de parte de ellos frente a un posible conflicto que se desataba.

Rápidamente junto al párroco salimos y en el bote de la Misión nos fuimos rumbo a la zona.

Sin duda, esta experiencia marcó una gran motivación: ¿cómo acompañar a los pueblos naporunas en el contexto de la huelga amazónica del 2009? No habíamos recibido formación para resolución de conflictos, ni menos conocíamos bien a los pueblos del Napo. En diálogo con los compañeros de la misión decidimos estar junto a los naporunas. Aquí el P. Jack jugó un papel importante. Él como médico y misionero, trabajando más de 30 años en la cuenca conocía mucho más que nosotros que recién teníamos pocos meses de haber llegado. Que importante fue la insistencia de P. Jack. Nos pidió ir e involucrarnos en las actividades de la población. Salir del Puesto de Misión y estar cerca de la gente. Inició allí un proceso de aprendizaje de la cultura naporuna. Al final, escuchando a las federaciones, en sus asambleas nos pidieron que acompañemos el proceso del fortalecimiento de sus organizaciones. Ellos no sabían como enfrentar el conflicto.

La situación del conflicto está más que dibujada. Los actores identificados. La problemática tiene un transfondo con varios elementos:  culturales, políticos, económicos, sociales. Pero de todos estos elementos lo cultural prevalece ya que estamos frente a pueblos indígenas que carecían de información de lo que en realidad estaba ocurriendo. Esta es una desventaja en todo sentido frente al Estado y aquellos que están en el otro lado de la pugna. Los kichwas, quienes en su mayoría decidieron amenazar mediante un acto de protesta bloqueando todo paso de embarcaciones pluviales sea petrolera o comercial; demandaban la protección del río: ¡El Napo no se vende, el Napo se defiende! Incluso, las autoridades de los distritos del Napo y Torres Causana no tenían los elementos claros del por qué estaba un buque de la Marina de Guerra viniendo a desbloquear en la zona de Copal Urco (medio Napo)3. No había conocimiento de los decretos legislativos que el gobierno aprista de ese entonces había aprobado. Por otro lado, estaba la postura de la empresa petrolera, protegida en todo momento por la Armada Peruana, de que se debía de continuar con el proceso no solo de exploración, sino que en poco tiempo iniciaba ya la explotación del crudo.

¿Quién hace entender a los pueblos indígenas o comunidades nativas de lo que estaba pasando? El elemento cultural es clave para empezar un proceso de resolución del conflicto, si por allí el Estado estaba pensando hacerlo. Por la actitud mostrada por parte de la Marina de Guerra ese día 4 de mayo de 2009, pareciera que no importaba la voz de los pueblos, pero si importaba “los intereses particulares de los inversionistas” que estaban siendo protegidos en la huelga. 

En principio, para Avruch y Black “las diferencias culturales no tendrían que ser un obstáculo en un proceso de resolución de conflictos”4. Un poblador naporuna asume su cultura y sabe que es diferente, pero nadie es más o menos en relación al otro. Esto es un valor que ellos enseñan desde las familias y desde las escuelas y llega hasta las asambleas. Entonces, desde el punto de vista de la interculturalidad, ambos actores principales de este conflicto tendrían que asumir que esta situación implica respeto, tolerancia y diálogo productivo entre los diferentes grupos tanto étnicos como culturales. Heise (2001) afirma que “cada uno aporta a los otros”5.

Después del recordado 4 de mayo 2009 la población del río Napo estuvo atenta a la promesa del gobierno regional. Constituir una tras otra mesa de diálogo a la larga no funcionó. Tanto la Marina de Guerra, como la Perenco y el Gorel decidieron en Iquitos tener conversaciones con el viceministerio de Poblaciones Vulnerables del MIMPV. Dichos encuentros se realizaron en Iquitos. Los dirigentes indígenas del Napo protestaron y exigieron participar de los diálogos. La condición que pusieron a los presidentes de Feconamncua y Orkiwan era que tenían que estar presentes en Iquitos para seguir la programación de los diálogos post conflicto. 

Es interesante como en medio de todos estos encuentros, muchos de ellos se realizaron en las instalaciones de la Base Naval de Iquitos – Quinta Región, presentan la PIAS como un proyecto que viene trabajando tanto la Armada Peruana junto a Perenco y el Gobierno regional y nacional. Todo esto en el marco del Plan Amazonas que fue presentado en uno de los encuentros. La cuenca del Napo se convierte así en un piloto del Estado Peruano para ejecutar una Plataforma Itinerante de Acción Social – PIAS. Se trata de un buque tópico que recorrerá la cuenca del Napo. La intención era acercar el Estado a los pueblos de la frontera. Hoy son muchas las PIAS que vienen recorriendo la amazonía peruana. 

Pero con esta PIAS, ¿se dio de alguna manera solución al conflicto?, ¿quiénes fueron los más “ganadores” de esta forma de resolución de conflictos? Para nosotros, acompañar este tiempo resultó un sin número de aprendizajes y un crecimiento de interrogantes. ¿La comprensión de la cultura naporuna que lugar tuvo en medio de todo este proceso de resolución? No le preguntaron a los pueblos naporunas en ninguna de sus asambleas si la PIAS era una posible solución a sus demandas que exigían como pueblo, como nación kichwa. Cuando Avruch y Black señalan que el proceso de resolución de conflictos basado a “resolver problemas“ trasciende todas las culturas, ¿qué están sosteniendo cuando se habla de este concepto cultura? ¿estereotipos o simplemente características de uno u otro grupo? ¿como que la cultura es un concepto estático?“6. En consecuencia, la participación de los naporunas en medio de esta “solución”, al parecer, no fue tomada en cuenta. Aquí una nota aparte merece que nos preguntemos: ¿qué papel cumplen las Fuerzas Armadas en medio de todo esto?

¿Y la población que habla la lengua kichwa, dónde quedó, se les participó de todo esto? Indudablemente, no. El Estado no está preparado para este tipo de diálogo con fondo intercultural. No había intérpretes en ninguna de las reuniones, ni mucho menos en las mesas de diálogo. Estas solo duraron poco tiempo. A tal punto que una de ellas terminó con la actuación de las autoridades regionales presentes regalando bolígrafos, pelotas y algunos otros regalitos más para despedirse de la cuenca. Avruch y Black afirman que “para comprender las acciones de las partes en conflicto, hay que entender la gramática que se utiliza y que da sentido a estas acciones“7. Ni siquiera los marineros ni los funcionarios del Estado que recorrían la cuenca por esos meses en el buque tópico manejaban la lengua kichwa. Si esta situación se iba desarrollando así, peor aún es cuando se analiza el conflicto en sí. Ninguna de las federaciones recibió por esos años (del 2010 al 2014) ninguna información de lo que el Estado junto a la Marina de Guerra y la empresa petrolera venía ejecutando. Se confirma lo que Avruch y Black señalan: “es sumamente importante entender lo que las partes en pugna entienden por conflicto“8. Siguiendo la misma reflexión, “cuando el conflicto es intercultural, uno nunca puede estar seguro de que comparten un mismo entendimiento“9.

Como una acción paralela al desarrollo de los planes que el gobierno de Ollanta Humala venía desarrollando, las organizaciones indígenas del Napo decidieron trabajar juntas una Agenda Política que recoja su problemática y pueda ser presentado a los diversos organismos del Estado. Aquí la Iglesia Católica jugó un papel importante en el proceso de acompañamiento para la elaboración de dicha agenda denominada: Agenda Indígena Política compartida de los distritos de Torres Causana y Napo10.

Finalmente, podemos entender hasta aquí que ni los naporunas ni el Estado lograron comprender la complejidad del conflicto. Cada actor hizo lo que pudo o lo que quiso. Es aquí importante el cuestionamiento -y lo volvemos a subrayar- lo que señala Avruch y Black “cuando el conflicto es intercultural, uno nunca puede estar seguro de que comparten un mismo entendimiento“11.


(2) ¿Cómo podría la resolución de conflictos contribuir a la interculturalidad en nuestra sociedad?

Reflexionar acerca de la interculturalidad hoy, es toda una aventura no solo académica sino también emocional. Este enfoque cada vez más está entrando en muchos campos de la vida. Cada día son muchos los escenarios que nos desafían y nos retan a enfrentar las exigencias de la interculturalidad, porque ella presupone un acercamiento al otro. Exige una actitud de respeto y de escucha. Son tantos los sectores que se vienen preparando más y más en medio de esta sociedad glocal.

Por un lado Panikkar (2016) afirma que “la interculturalidad nos abre a nuestros problemas desde el punto de vista del otro, y a los problemas del otro desde las categorías de nuestra cultura”12. Mientras Haboud (2003) subraya “sólo el conocimiento y el reconocimiento del “otro”, la relación entre culturas, el respeto mutuo, la aceptación y el compromiso, podrán generar la búsqueda de respuestas que construyan sociedades menos conflictivas y relaciones sociales menos verticales”13. Ambos autores nos ayudan a comprender la interculturalidad como un proceso que necesita tiempo y dedicación. En este tema, Avruch y Black nos ayudan a comprender mejor este proceso al afirmar que “la cultura es mucho más que costumbres; es un lente, no una etiqueta“14. Por ende es preciso tener claridad sobre el concepto mismo. Quien usa la palabra ‘inter’ está suponiendo interacción, intercambio, reciprocidad, apertura. Cuando se usa la palabra ‘cultura’ se asume reconocimiento de los valores, de los diversos modos de vida, de las diversas representaciones simbólicas a las cuales se refieren los seres humanos, sea individuales como colectivos. Cuando vemos las relaciones de unos con otros y sobre todo, cuando reconozco que esas interacciones con el otro me muestran y me hacen comprender que hay otra visión, otra mirada del mundo15.

Ya en la primera parte hemos asumido esta afirmación: “la resolución de conflicto ha significado un proceso“16. En ello seguimos el argumento de Burton. Entonces, basándonos en el relato anterior, nos preguntamos ¿cómo se ha venido gestionando el conflicto y el post conflicto en el Napo? ¿Será que los naporunas no lograron comprender en toda su magnitud cuál fue la solución que se logró o planteó al final de cuentas? Todo indica que fue un planteamiento que vino de manera vertical por parte del Estado y todos los demás actores que se involucraron en la resolución de este conflicto; eso fue lo que finalmente se desarrolló. Haciendo uso de algunos criterios, podemos realizar un sencillo análisis cultural del conflicto del 4 de mayo de 2009 en la cuenca del Napo. Y es que es bueno repetirlo, los pueblos indígenas no tuvieron – como se dice en el argot criollo– vela en este entierro. Burton enseña que “los conflictos humanos y el modo de gestionarlos difieren de forma fundamental según las condiciones ambientales de las relaciones humanas implicadas“17.

Entonces, si “la resolución de conflicto se ha tratado como el arte de lo posible”18, ¿cómo podría ella contribuir a la interculturalidad en nuestra sociedad? Si hubiéramos podido medir los impactos que ha causado antes, durante y post conflicto en el Napo; si este conflicto hubiera tenido una incidencia mayor como lo tuvo lo acontecido un mes después en Bagua, creemos que otra sería la historia. Por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿habría prosperado la PIAS? 

Que importante es la dimensión ética en la resolución de conflictos. Burton ya lo advierte, “la resolución de conflicto tiene una dimensión ética. La intervención en las relaciones humanas a cualquier nivel lleva emparejada una responsabilidad hacia las consecuencias“19. Vale conectar aquí lo que Alsina (2009) nos enseña

lo más importante de la interculturalidad es que supone una mirada distinta a las relaciones entre personas de distintas culturas. La interculturalidad nos propone una mirada nueva sobre fenómenos pasados y actuales. Así, nos obliga a repensar muchas realidades históricas que no merecieron, en su momento, ser analizadas o que fueron estudiadas desde el etnocentrismo  […], la interculturalidad nos propone oír nuevas voces antiguas y/o silenciadas.

La interculturalidad es un concepto relacional y, como tal, puede servir para esclarecer puentes entre culturas, disciplinas y teorías, porque la interculturalidad es una mirada que se sabe mirada –en todos los sentidos (como sustantivo y como participio)– y, al mismo tiempo, busca el cruce de miradas con otras culturas, disciplinas y teorías […]. La interculturalidad puede ayudar a releer a las teorías clásicas y a replantearnos formas de pensamiento que pensábamos indiscutibles. Puede ser un buen instrumento para repensar, para cuestionar, para generar dudas20.

¿Qué característica de conflicto podemos encontrar en lo sucedido en el río Napo? Para poder acercarnos un poco en la comprensión del conflicto por parte de los naporunas, veamos un estudio posterior a los hechos donde se señala que 

En su propia lengua, los quichuas del Napo, determinan que un conflicto tiene dos niveles: primero, Jushalishca: significa, cometer un error, empezar un problema: una persona comete un error, en tanto insulta, se aprovecha, se emborracha de manera inadecuada, no cumple con obligaciones, aborrece a otra persona, es abusivo o mezquino, etc. El error puede derivar en una solución, de ese modo el conflicto solo puede estar latente en el ambiente. No obstante si no se arregla, y continúa, haciéndose más intenso, deriva en un segundo nivel: Makarishu, que significa pelea.

A Jushalishca y Makarishu se le puede sumar un aspecto más como eje del conflicto: “mezquinar ayuda”, mitsa (mezquinar). No ayudar es un error de comportamiento, una razón clave para que surja un resentimiento o se genere una ruptura de relaciones. Es tan fuerte la idea de ayudar a los demás, que es casi inconcebible entre los Quechuas del Napo una negativa de apoyo. Alguien que no ayuda es un paria o una persona de afuera.

Dicha concepción nace desde una vivencia sostenida por la ayuda mutua, el trabajo solidario que se da cotidianamente en las mingas, por ejemplo, en que familiares, amigos o conocidos participan de manera conjunta, entregando una fuerza de trabajo que será devuelta en algún momento. Por otro lado, refuerza esta dimensión la trayectoria de relaciones que se han construido por medio de compadrazgos –que extienden el ayllu (familia-comunidad) y también generan lazos con agentes externos, favores, inclusión de hijos ajenos, fiestas, etc21.

CRS PERÚ fue una de las instituciones que a través de la parroquia llegó al Napo junto a otras instituciones como CEAS y el CAAAP para desarrollar un proyecto y acompañar el proceso post conflicto. En efecto, nos estamos encontrando aquí con un problema que tiene que ver con el uso de los recursos y como ello se ha hecho sin consulta. La seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas del Napo no está saneada. Los territorios están en constante vulnerabilidad. Muchos pueblos contaban apenas con reconocimiento y muy pocos con titulación. Por eso que es común apreciar que se desarrollan varios conflictos con empresas madereras, con empresas extractivas mineras y, finalmente, con la empresa petrolera. 

De acuerdo con las entrevistas, entre las comunidades Quichuas del Napo la empresa Perenco ha generado divisiones sociales y una serie de expectativas frustradas. Hay mucha desconfianza en que se cumplan los acuerdos a los que se llega. La empresa ha rechazado dialogar con las comunidades que no están catalogadas dentro de sus perspectivas de impacto, pero que se sienten afectadas por su presencia22

Para Burton 

conflicto describe una relación en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antítesis de los suyos. Conflicto abarca, en primer lugar, las relaciones entre las partes en disputa, sus percepciones y falsas percepciones, los valores compartidos y los que no lo son, y sus metas y motivaciones; en segundo lugar, el medio político, social, económico, e institucional en el que la disputa tiene lugar23.

En esa misma lógica de Burton, pensamos que lo sucedido en el río Napo puede tener la característica de ser un conflicto arraigado, ya que hay asuntos en juego que no son negociables. “Resolver conflictos arraigados requiere frecuentemente una forma de facilitación que provoque un diálogo más intenso entre las partes“24. Y eso es justamente lo que no sucedió, si queremos verlo desde la perspectiva naporuna. Ningún encuentro formal promovido por el Estado se realizó en la cuenca. Los encuentros y diálogos se realizaban en la ciudad de Iquitos. Por ende, si un dirigente tenía que participar tendría que viajar largas horas y perder días de trabajo para participar de los encuentros en la ciudad. Por eso que se pedía que se realicen los diálogos en la cuenca, pero ello no prosperó.

Por consiguiente, se mantiene la cuestión: ¿cómo se llevó a cabo este proceso en el Napo? No se trata de suavizar las diferencias. Dos federaciones decidieron unir criterios y empezaron a dialogar. Aunque el representante de la Feconcu se le veía participar de los diálogos en Iquitos, ¿por qué no hubo en esos años un diálogo entre las tres federaciones que abarcan casi toda la cuenca? Es una pregunta que queda todavía sin respuesta. Quizás el tiempo ayudará en encontrar respuesta a la interrogante.

Burton afirma que “no puede haber solución a un conflicto a menos que se tome en consideración como realidades políticas las percepciones y valores de aquellos que están representados en las discusiones facilitadas“25

Finalmente, la resolución de conflictos ayudaría mucho a comprender la interculturalidad cuando esta fomente el diálogo, el uso de los códigos de comunicación, la comprensión y respeto a los valores de la cultura, el ejercicio de la escucha y del respeto, pero sobre todo, exigiendo una actidud no solo de ida, sino también de vuelta. O sea, no se trata de que se piense que solo uno puede contribuir en la solución, sino que se trata de asumir que tanto uno como el otro se contribuyen en la solución al problema. Es una dinámica de retorno. Lo conocemos como diálogo, pero un diálogo intercultural. Si uno se deja tocar, se deja afectar, se deja impresionar, también el otro debe asumir la misma dinámica. De allí que la misma comunicación ha de ser intercultural. En la relación de culturas distintas no se puede evitar de comunicarse interculturalmente. La comunicación que se exige a de ser eficaz y apropiada. De allí que es importante pensar en la lengua kichwa. En la comprensión de los mismos códigos, tanto para uno como para el otro. Pero el Estado en esta circunstancia carece de intérpretes que por lo menos permitan la comprensión de lo que se viene dialogando. Porque la comunicación amplia la lengua y, en consecuencia, su actuar lingüístico, incluso, el uso de los gestos. La llamada comunicación no verbal. “La comunicación intercultural abarca mucho más que el mero contacto entre dos lenguas”26.

Allí está la tarea de la resolución de conflictos. Quizás los expertos en resolución de conflictos no deben olvidar la importancia de formarse en las competencias interculturales, en la comunicación intercultural, así como, en el diálogo intercultural.


(3) ¿En qué rol te ves a ti profesional y humanamente en estos procesos?

Lo aprendido durante estos años en el Napo nos ha dejado más que una larga lista de tareas y desafíos. Nos ha permitido crecer en nuestras convicciones. ¿De lado de quién estamos? ¿Cuál es nuestra opción preferencial en el servicio que realizamos? Indudablemente, la respuesta es obvia. Los naporunas nos han enseñado en medio de la convivencia misma que la selva se respeta y se la quiere.

Hubiésemos querido manejar algunos elementos sobre la resolución de conflictos. No nos habían preparado para ello. Sin embargo, gracias a la presencia de varios profesionales logramos aprender algunas competencias que nos permitieron discernir que rol jugar o asumir en medio del post conflicto. Un conflicto que para nosotros no ha culminado. Una solución al conflicto que no ha sido evaluada por los naporunas. 

En medio del conflicto, como Iglesia actuamos de mediadores; a pesar que al inicio algunos líderes nos habían corrido de la zona de protesta. Avruch y Black afirman que  “la primera tarea de un mediador en conflictos interculturales es analizar las distintas dimensiones culturales, es decir, hacer un análisis cultural de la situación“27. Y nosotros lo que pudimos hacer es acompañar la lucha y la defensa del río. No podíamos asumir el rol de mediadores. El no hablar kichwa, el no conocer la cultura, el ir recien adentrándonos a la cultura, en ese momento, no teníamos otra opción que quedarnos con ellos. Intentar acompañar. Escuchar en las asambleas, visitar los pueblos e involucrándonos en las federaciones. Esa fue la tarea. Muy pesada y cargada, pero fue un aprendizaje en el campo.

Finalmente, ahora podemos comprender la importancia de estar preparados y formados para saber actuar con las herramientas que facilita la resolución de conflictos interculturales.

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NOTAS:

1. CARRASCO, R. (2009, 04 de mayo). A los diez años del conflicto en el río Napo [blog]. https://www.eltrochero.com/2019/05/04-mayo-2009-los-diez-anos-del.html. En este artículo están las fotografías y algunos videos del momento mismo de la crisis del conflicto.

2. CARRASCO, R. (2024, 18 de julio). ¿Cuál es la situación actual de la Agenda Política de los pueblos indígenas del río Napo? [blog]. https://www.eltrochero.com/2024/07/cual-es-la-situacion-actual-de-la.html

3. Según el Reporte de la Defensoría del Pueblo de noviembre del 2009 señalaba que había dialogo. Sin embargo, la instalación de la Mesa de diálogo en la comunidad de San Rafael – río Curaray no prosperó como las otras federaciones de la cuenca lo venían planteando. Hasta ese tiempo solo habían dos federaciones que representaban los pueblos indígenas del Napo. Una más debilitada que la otra. Justamente ya algunos moradores y líderes del río Curaray en asambleas anteriores de la Feconamncua señalaban que las demandas de los pueblos que pertenecen al Curaray no eran atendidas. Se estaba planteando la idea de constituir una nueva federación, que tomará el nombre de Feconcu (Federación de Comunidades Nativas del Curaray). https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/reporte-69.pdf

4. AVRUCH K. y BLACK P. La Resolución de conflictos en marcos interculturales: problemas y perspectivas.

5. HEISE M. (Ed.), Interculturalidad. Creación de un concepto y desarrollo de una actitud, Programa FORTE-PE/Ministerio de Educación, Lima, 2001, 13.

6. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

7. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

8. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

9. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

10. CARRASCO R. (2013, 15 de abril). Una agenda indígena común del Napo [blog]. https://www.eltrochero.com/2013/04/elaboracion-de-una-agenda-politica-comun.html. También en CARRASCO R. (2015, 9 de febrero). Agenda política indígena de los pueblos kichwas del Napo peruano [blog]. https://www.eltrochero.com/2015/02/indigenas-del-napo-presentan-su-agenda.html

11. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

12. PANIKKAR R. Culturas y religiones en diálogo. Pluralismo e interculturalidad, (Vol. 1), Barcelona, Herder, 2016, p. 284.

13. HABOUD M. ¿Interculturalidad, balance, o sordera visual?, en GUGENBERGER E. (Ed.), Comunicación intercultural en América Latina. ¿Del conflicto al diálogo?, Frankfurt, Peter Lang, 2003, p. 146

14. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.

15. Cf. REY M. Éducation interculturelle, in Introdution aux études interculturelles. Esquisse d’un projet pour l’education et la la promotion de la communication entre les cultures. Unesco 1976-1980, Unesco, París, 1980, p. 140. Esta cita se encuentra en Barbara GUIDETTI, Comunicazione interculturale nel lavoro, Alfonso GARCÍA MARTÍNEZ (Ed.), El diálogo intercultural, Murcia, Editum, 2009, pp. 294-295.

16. BURTON J. La resolución de conflictos como sistema político.

17. BURTON J. o.c.

18. BURTON J. o.c.

19. BURTON J. o.c.

20. ALSINA M., (In)comunicación intercultural, en GARCÍA MARTÍNEZ A. (Ed.), El diálogo intercultural, Murcia, Editum, 2009, p. 96.

21. CRS – PERÚ - Catholic Relief Services. Conflictos y Amazonía. Diagnóstico. Mitigación de conflictos sociales y desarrollo de la Amazonía. Lima, CAAAP, 2012, p. 46.

22. CRS – PERÚ. o.c., p. 48.

23. BURTON J. o.c.

24. BURTON J. o.c.

25. BURTON J. o.c.

26. GUGENBERGER E. (Ed.), Comunicación intercultural en América Latina. ¿Del conflicto al diálogo?, Frankfurt, Peter Lang, 2003, p. 10.

27. AVRUCH K. y BLACK P. o.c.


domingo, 18 de agosto de 2024

Población y autoridades preocupados por retraso de obras

Este domingo 18 de agosto se realizó una reunión, donde autoridades y la población de la margen izquierda y derecha del río Huallaga en Aucayacu, se dieron cita en las instalaciones del complejo deportivo Majambo desde las 09.00 horas de la mañana para ver acerca de los avances de la obra construcción de puente carrozable de 57.05 metros sobre el río Aucayacu.


Cabe recordar que a fines del 2023, Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco junto al alcalde de la provincia de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso; y del distrito José Crespo y Castillo, Moreno Exaltación Reyes, inauguraron el inicio de una obra. Se trata del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Puente Aucayacu” que se estimaba en 9 millones de soles y que tendría que beneficiar a más de 26 mil pobladores. Esta obra se ubica en la capital del distrito de José Crespo y Castillo y se preveía que su culminación fuera el próximo noviembre 2024. Un puente con dos carriles que dinamizaría el tránsito de los pobladores de las localidades cercanas a Aucayacu, como son Las Mercedes, Wilder Miranda, Cotomonillo, San José de Pucate, La Victoria, Alianza, Bambú, entre otros.

Sin embargo, la sociedad civil frente al retraso que viene experimentando la obra, se constituyó en un comité para fiscalizar el porqué de este retraso. Los que dieron cita a la reunión fueron los alcaldes de los Centros Poblados, los presidentes de los caseríos, los presidentes de las Juntas Vecinales y demás autoridades, profesionales y pobladores quienes decidieron dirigirse al señor Antonio Leonidas Pulgar Lucas, gobernador de la región Huánuco, para manifestarle que al ver el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones en la Plataforma del Estado, se observa que se ha desembolsado más del 67% del presupuesto para la ejecución, lo cual no se refleja de manera física en la ejecución de la indicada obra.



La población aucayaquina junto a sus autoridades vienen manifestando su preocupación y desconfianza frente a la evidencia del retraso de la obra. Son los mismo pobladores que viven al otro lado del río (la JVC Wilder Miranda, Los Angeles) quienes haciendo uso de una pequeña balsa tienen que pagar por atravesar hacia el centro del distrito y así poder realizar sus diversas actividades sean comerciales, por estudios, trabajo y otros. Este pago se hace diariamente y por cada vez que se usa la balsa. Dicho pago es considerado un abuso exagerado ya que atenta contra la economía de la población, señalan los pobladores. ¿Cuánto ganan los que administran la balsa? ¿a quién le pertenece dicha balsa? 

"Son aproximadamente unos 81 mil soles mensuales lo que se estaría generando la balsa. Esto lo paga la población que hace uso diario de este servicio". 

¿De qué bolsillo sale este dinero? manifiestan los pobladores en la reunión. ¿Se está preocupando el alcalde por esta situación que viven a diario los vecinos? 

“La balsa se está llenando el bolsillo a costa de nosotros”, señala la autoridad vecinal.

Otros pobladores continuaron manifestando sus preocupaciones. Al parecer la empresa constructora no viene pagando tanto las pensiones como el alquiler del terreno. Los ferreteros aucayaquinos que proveen de materiales a la empresa hace más de tres meses no estarían recibiendo sus pagos. Deudas que podrían llegar a alcanzar los 50 mil soles y estarían afectando la economía de los pequeños emprendedores y comerciantes de la localidad. Estas preocupaciones son las que se dejan oír a diario en la población. 

El encuentro de este domingo contó con la presencia de los alcaldes de los Centros Poblados del distrito. El señor Saúl Marrufo Bautista, del CP San José de Pucate; Lidia Inga Mirabal, del CP El Encanto del Salvador. Del mismo modo, estuvieron presentes los regidores de la municipalidad distrital de José Crespo y Castillo: Bárbara Pérez Tello, Telésfora Sajami Rodriguez y Manuel Espinoza Mallqui, además de otras autoridades vecinales y comunales y pobladores que se hicieron presentes al saber de la convocatoria que apareció en las redes sociales.

Se habría elaborado un memorial que lo estarían dirigiendo al gobernador regional, donde convocan, tanto a él como a su equipo técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura, a participar de una próxima reunión para este martes 27 de agosto 2024, a las 09.00 de la mañana en las inmediaciones de la obra. Exigen también la presencia del presidente del Consorcio Puente Aucayacu (Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana SAC y Consorcio Rojas A&W SCRL) que ejecuta la obra. Asimismo, se exige que esté también el supervisor de la obra (Empresa YIP Ingenieros Consultores SAC), y que puedan presentar a todos una copia digital del expediente de la obra para el conocimiento de la población apelando al derecho a la transparencia y conocimiento de la información.

¿Cuál es el informe actual de la ejecución de la obra? ¿qué pagos se habrían venido realizando? y, finalmente, que puedan presentar una copia del cuaderno de obra donde se especifica el día a día de la ejecución del proyecto. 

Se espera a que esta reunión puedan participar otros organismos del Estado, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo y si es posible la Contraloría General de la República. Una población organizada que ejerce su derecho a la participación y vigilancia ciudadanas es producto de un ejercicio responsable de los derechos y los deberes que exigen las leyes peruanas.















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