Niños, niñas y adolescentes en la ribera del Napo peruano – preocupación constante de la Misión Católica


Una clase de reforzamiento en el Proyecto Recrearte

Cuando los misioneros católicos se asentaron en esta parte de la Amazonía peruana, a lo largo del río Napo, nunca pensaron que en menos de un siglo ocurrirían grandes cambios. Cabe recordar que fueron los padres agustinos quienes, hace más de cien años, llegaron hasta la frontera con Ecuador en la localidad de Pantoja, hoy distrito de Torres Causana; luego, los padres franciscanos asumieron el Vicariato San José del Amazonas y vieron nacer a los distritos que hoy siguen creciendo.

Durante este tiempo surgieron grandes misioneros y misioneras de feliz memoria, como el padre Euclides Riopel y la hermana Lucille Gagne Pellerin en el Napo, y Juan Marcos Mercier en Torres Causana. Ya en la década de 1980, los padres norbertinos y los Oblatos de María Inmaculada llegaron a esta ribera con una propuesta de trabajo dedicada exclusivamente a la salud. Los inseparables amigos Jack MacCarthy y Mauricio Schroeder recorrieron cada una de las comunidades llevando no solo salud y esperanza, sino también alegría y confianza.

Esta labor permanece gracias al apoyo de muchas personas de buena voluntad que, durante estos años, han aportado al buen vivir de los niños, niñas y adolescentes en el río Napo, en temas de salud y educación.

Es evidente que la presencia del Estado durante estos años ha sido casi nula. Las fronteras y sus poblaciones siguen atrapadas en una gran brecha entre lo rural y lo urbano. Temas como la calidad educativa, la salud, la promoción de los derechos indígenas y la protección de la niñez no necesitaban discursos, convenios ni planes nacionales, porque el Estado aún no se empoderaba de estos territorios. La Iglesia Católica ha sabido enfrentar con claridad el abandono que viven los pueblos napurunas. La opción preferencial por la niñez y la adolescencia ha sido y seguirá siendo la prioridad de su trabajo misionero.

Hoy el Estado peruano, a través de su política de inclusión social, pretende llegar a las fronteras. Lo hace a su manera, pero muchas veces sin consulta. Programas, planes y proyectos se han acumulado y han llegado de golpe a cada pueblo. La población no sabe cuál es el objetivo real ni el fondo del asunto. Un ejemplo es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021), que busca demostrar que el Perú, al celebrar sus 200 años de independencia, está en el camino del desarrollo humano. Aquí cabe una crítica a este concepto de desarrollo.

Parece que el Estado olvidó la deuda histórica que tiene con estos pueblos de la Amazonía, y más aún con la niñez y la adolescencia. Las cosas no se pueden cambiar —y menos la forma de entenderlas y vivirlas— con programas o planes de tinte populista. Estas acciones solo han creado incertidumbre y desazón por la manera en que se ejecutan. La población sigue confundida sobre lo que realmente pasa; lo único que sabe es que recibe dinero y que le exigen cumplir ciertos requisitos para seguir siendo beneficiaria.





Mujer napuruna dando aswa (chicha de yuca) a su hijo  


Ni la modernización económica que vive el Perú desde hace más de 20 años ni los planes impuestos por los gobiernos de turno lograrán cambiar costumbres, formas de pensamiento o actitudes si la herida dejada en el pasado no se trabaja de raíz. En este punto, resulta urgente impulsar una política pública seria.

Durante todos estos años, la Iglesia ha sido testigo de la realidad. Su labor ha pasado de ser una institución que catequiza o predica el Evangelio a la de una Abogada de los Pobres. Para ilustrar esto en el caso de los niños, niñas y adolescentes, señalamos algunas de las deficiencias que tiene el Estado peruano, que parece estar más preocupado por la extracción de petróleo que por velar por los derechos de la infancia y la adolescencia: 


Durante los últimos cinco años, ni el gobierno local ni el gobierno regional han trabajado de manera efectiva por la niñez y la adolescencia. Carecemos de liderazgo y, peor aún, de políticas públicas dirigidas a la primera infancia, la infancia y la adolescencia que demuestren un compromiso real. Los niños y niñas de la cuenca del Napo no son considerados sujetos plenos de derechos: no se les escucha ni existen espacios de diálogo con ellos. Tampoco se toman decisiones que resuelvan problemas fundamentales como el hambre, la deficiente calidad educativa, las carencias en salud, la participación ciudadana, la defensa de la familia y la preservación de la cultura napuruna. 

 

Programas sociales e iniciativas como Crecer, Juntos, Qali Warma, el SIS, Agua para Todos o la asignación de plazas de nivel inicial a egresadas de secundaria no reflejan un trabajo serio e integral en favor de los menores. Paralelamente, la trata de personas va en aumento y los implicados transitan impunemente por las calles de Santa Clotilde y otras localidades. La Policía Nacional del Perú parece concentrarse exclusivamente en el control y la fiscalización de la madera, actuando como una simple mesa de partes ante un Ministerio Público ausente y un Poder Judicial limitado, representado por un juez sin competencias para resolver casos penales que vulneran los derechos de la infancia y la adolescencia.


Existe un incremento de feminicidios cometidos en presencia de niños y niñas, perpetrados no solo por sus padres, sino también por sus profesores. Asimismo, el hambre está empujando a los menores a robar gallinas y alimentos debido al abandono de sus progenitores, quienes se ven obligados a salir a buscar comida en el bosque o en el río ante la falta de empleo en la zona. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha logrado implementar los mecanismos más eficaces para atender estas situaciones de gravedad emergentes. Esto genera la sensación de que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) fue elaborado desde un escritorio, sin la participación real de los beneficiarios ni de la población organizada.

Al leer cada una de las páginas de este plan, nos vienen a la cabeza muchos cuestionamientos. En definitiva, los únicos grandes ganadores y beneficiarios reales de este tipo de trabajo son los gobernantes de turno, sus funcionarios, la MGP y las empresas extractivas, que intentan justificar sus acciones diciendo que el dinero se lo entregan al Estado y que este sabe lo que debe hacer.


Al final, no se logra ninguna meta emblemática: los índices reales de desnutrición se mantienen; faltan escuelas y profesores de calidad para el nivel inicial; un niño o una niña termina la primaria sin saber leer, escribir o comprender un párrafo; y los adolescentes asumen roles de madres o padres sin la madurez adecuada para esta tarea. Seguimos teniendo escuelas secundarias con dos o tres profesores que, muchas veces, están ausentes. Si a todo esto no se le llama maltrato a la infancia, entonces ponle otro nombre.