Francesco Mantuano y una síntesis argumental de la petición al Parlamento europeo N° 308-2012

SÍNTESIS ARGUMENTAL DE LA PETICIÒN AL PARLAMENTO EUROPEO N° 308-2012
 

Mi nombre es Francesco Mantuano, soy un ciudadano europeo/italiano, concesionario forestal en la región amazónica peruana de Loreto (capital Iquitos): el único que quiere trabajar con la conservación ambiental a los fines de los “servicios ambientales” (captura del carbono atmosférico; defensa de la biodiversidad, de los suelos y de las reservas hídricas implícitas al bosque/suelo bien mantenidos; continuaciòn rentable del tradicional sistema de vida y producciòn de las poblaciones locales, etc.).

Esto es posible también con el actual Contrato de Concesiòn con el Estado Peruano (art. 14 – 1) pero en realidad está impedido por la acciòn de un complejo “sistema criminal articulado” que controla todo el sector forestal peruano y está protegido por su misma rama interna constituida por las administraciones forestales corruptas, sea regionales/provinciales que nacionales: el objetivo inicial es la de “blanquear” la madera ilegal (90% de la producciòn peruana) a través de la aceptación irregular de los documentos falsos (inventarios forestales falsos, guías falsas de remisión/movimentación, facturaciones falsas, falseamiento de los balances empresariales, etc.) emitidos por las Empresas Forestales Concesionarias. El objetivo principal es la de asegurar a la Industria Exportadora peruana la más completa “flexibilidad” a los pedidos del Mercado Internacional de madera, sea por cantidades que por tipología.

Trayendo solo como ejemplo la Región Loreto (37 millones de hectáreas), pues que se extrae impunemente madera ilegal de toda su superficie – Zonas Reservadas incluidas – y unos millones de hectáreas, se pueden calcular como cubiertas por ciudades (pocas y pequeñas), carreteras (muy pocas), ríos y lagunas (donde de cualquier manera hay presencia de árboles del especifico habitat), la superficie de donde se extrae de hecho la madera es por lo menos 250 veces mayor a la superficie legal representada por la suma de las Parcelas Anuales de las Concesiones Forestales de la regiòn misma.!... y más aún, si consideramos que de las 254 concesiones iniciales se han quedado “activas” solo poco más que 100 (y solo formalmente.!... lo “suficiente” para poder vender documentos falsos; cuando las que efectivamente trabajan no llegan a las 10.!....): es intuitivo como con esta enorme y concreta “posibilidad extractiva” sea fácilmente posible para la Industria Exportadora satisfacer cualquier pedido comercial le llegue del mundo.

Claramente para alcanzar esta “falsificación masiva” necesita una igualmente masiva corrupción administrativa que empieza en las Administraciones Regionales/Provinciales y llega hasta a los máximos niveles nacionales:

- Dirección General Forestal  del Ministerio de Agricultura.

- OSINFOR (Organismo de Supervisiòn de los Recursos Forestales) de directa pertenencia de la Presidencia del Consejo de los Ministros (a su vez de directa pertenencia de la Presidencia de la República, siendo el Perú un país decididamente “presidencialista”).

- Contraloría General de la República Peruana (Organismo nacional de control superior encima de todas las administraciones públicas peruanas).

En este sentido la prueba viene de las mismas actuaciones irregulares (o de su completa falta) de las Administraciones forestales de todo nivel burocrático, así como yo puedo ampliamente comprobar por haber eso pasado metódicamente reguardo a mi Empresa Concesionaria forestal; así como denunciado en vano a las Fiscalías peruanas.

De hecho es indispensable al “sistema ilegal” también la complicidad corrupta de la mayoría de los funcionarios de las Fiscalías, sea locales que nacionales; y sea genéricas que específicamente “ambientales”;  con la inclusión colateral pero ineludible de las distintas estructuras policiales, genéricas o específicamente ambientales; así como, a menudo, de las Capitanìas de Puerto (visto que la casi totalidad de la madera se mueven en los ríos, sea con chatas de carga que por flotación).

Todo eso se pone manifiesto por el total rechazo en atender todas mis denuncias – sea administrativas (Ministerios, Organismos nacionales, Oficinas Forestales Regionales y Provinciales, etc.) que judiciarias/penales (Fiscalías, sea genéricas que específicas ambientales; sea nacionales que regionales) donde he denunciado en vano más que 30 personas, en mayoría funcionarios de todo nivel hasta a los nacionales de grado máximo).

Este amplio “sistema ilegal” se vuelve exactamente “criminal” cuando se considere que las ilegalidades forestales (pero hemos visto que son también “administrativas/empresariales” y entonces, también tributarias; y además de interés corruptivo y por ende degenerativo de la legalidad genérica y del tejido social)  participan de un más amplio sistema que también incluye el narcotráfico (en sendas modalidades funcionales, sea “territoriales” que financieras y de contrabando), el cambio ilegal de uso de los suelos (para implantar monocultivos para biocombustibles, alimentos industriales y, donde es posible, criaderos de ganado), la biodepredación genética y no (= extracción de esencias vegetales con muerte de los árboles,  animales vivos y no, etc.), pesca ilegal indiscriminada y con venenos químicos (= la próxima tragedia, en gestaciòn, de la Amazonía peruana), la minería fluvial (que reventa el caudal de los ríos y consecuentemente el hábitat íctico), la trata de personas para trabajo forzoso (en las mismas actividades ilegales), la trata de menores para prostitución y tal vez adopciones y trasplantes clandestinos de órganos, contrabando de armas y varias, etc.

Este “sistema criminal articulado” de hecho controla los territorios amazónicos/peruanos (los que constituyen el 60% del Territorio Nacional) pues que la presencia del Estado peruano, a pesar de unos puntos de control de frontera, es prácticamente nula;  y eso se lo justifica con la “mitológica” impenetrabilidad de la Selva Amazónica, la que pero (quizás porqué) jamás detiene el sistema ilegal en su capilar actividad; quedándose de todos modos como injustificable esta absoluta falta de control soberano sobre el Territorio Nacional para un Estado con 500 años de historia (desde la instauración del Virreinato español pos-conquista) de los cuales casi 200 con completa independencia (desde la instauración de la República del Perú en el año 1821).

Es evidente, juntando ésta total e injustificada/injustificable ausencia del Estado/Ley, al capilar sistema corruptivo de sus administraciones de todo nivel incluidas las fiscalías, que el “sistema ilegal” esté protegido esmeradamente por “elementos y estructuras” corruptas y cómplices internas a la misma organizaciòn estatal, y también en nivel decisional “muy alto”.

Las motivaciones no faltan:

- el sistema de la madera ilegal participa del reciclaje del dinero del narcotráfico peruano y de su concreta protección/alerta territorial; incluyendo el abastecimiento de insumos para la refinación y útiles para la sobrevivencia de los narcotraficantes en los bosques.

- el sistema de la corrupción administrativa y judicial asegura una ganancia económica constante y fuera de todo control – hasta a los máximos niveles de la administraciòn – que además recompensa (y mantiene cómplice) una amplia categoría de funcionarios (de todo tipo y nivel) de sus escasas prerrogativas profesionales y económicas.

- más que todo el objetivo es de amplio alcance geopolítico: el “sistema criminal articulado” lleva a un efectivo “vaciamiento” social/cultural de la Selva Amazónica, debido eso, a la falta de rentabilidad propia y tradicional y a las insostenibles condiciones de vida sea económicas que de seguridad personal y comunitaria.

La selva y sus poblaciones entonces se encuentran “listas” a su explotación integral y definitiva – mucho más que en los “tiempos del caucho” - que mira a la apropiación del conjunto de los recursos estratégicos (y entonces no solo de un singular producto, como para el caucho) para un futuro ya empezado: mano de obra local (no fácilmente sustituible, por las condiciones climáticas) a costo muy bajo, madera (producto irreproducible en alguna manera y siempre más escaso en el mundo), tierra (para monocultivos mega - especulativos y en futuro tal vez transgénicos), agua (por el confluir de los brazos constitutivos del río Amazonas; en la Amazonía Continental hay el 18/20% del agua dulce del mundo), biodiversidad genética, petróleo/gas;  y más que todo – creo personalmente – los estratégicos espacios geo - políticos: ahora ventajosos para la interconexión entre los Océanos Atlántico y Pacífico vital para el Brasil (que mira ya desde tiempo a esta opción estratégica) y los USA (por lo menos para el control/exclusión genéricos);  y en futuro, con el cambio climático en progresión, cuando en toda la Amazonía peruana y continental habrá profundas modificaciones climáticas y por ende topográficas, las ventajas serán relativas a las más fáciles penetraciones viarias, por ferrocarril, colonizadoras agrarias y de explotación por petróleo/gas muy y más intensas que las actuales (en las zonas de altura – afuera de las profundas capas arcillosas/arenosas – habrá por cierto también explotación minera, con la ventaja de tener en disposición territorios absolutamente no aprovechados: eso lleva a una muy fácil excavación minera y a porcentajes elevadísimos de “elementos útiles” en la masa de excavación, y por ende, a relaciones costos/ganancias muy rentables.!...).

A este fin demostrativo de la explotación indiscriminada de los recursos naturales amazónicos, hay que considerar dos factores decisivos:

- actualmente en Perú hay cerca de 250 conflictos sociales/ambientales, con múltiples víctimas humanas en los choques entre las Fuerzas del Orden (Ejército y Policía) y poblaciones locales, factor de fuerte tensión social/política muy peligrosa para el “poder político central” que solo se obstina en la repetida proclamaciòn del Estado de Emergencia Nacional para resolver/callar los graves problemas presentes: en una Amazonía “vacía” étnica y demográficamente y social/culturalmente (así como desde siempre despacha la “fácil mitología amazónica oficial”) toda esta problemática no será presente, haciendo más fácil la actuaciòn del histórico auto colonialismo peruano hacia esta parte tan grande de su territorio nacional.

- la Amazonía peruana ha sido siempre considerada como una “parte ajena” del Perú:  desde los tiempos del Imperio Inca, mientras y después del camino independentista, en toda la historia de la República nacional.

Su adquisición, en todo indiferente a los distintos “poderes” históricos peruanos, encuentra sus orígenes en el completamente “virtual” Tratado de Tordesillas (1494) entre España y Portugal.  

Los intereses del, entonces, Virreinato español estaban pero todos centrados sobre las minas de oro y de plata y sobre la producciòn agraria, siendo las dos actividades ubicadas en los Andes.

Eso llevó al total desinterés del Virreinato hacia su parte amazónica, permitiendo que gran parte fuese invadida/infiltrada por los “Bandeirantes” brasileños; encontrando eso aceptaciòn en sucesivos tratados territoriales.

Ni la creación de la República Peruana detuvo este abandono territorial en favor de los estados confinantes (se lo llama corrientemente “entreguismo”).

A pesar de la temporada bastante limitada cronológicamente del aprovechamiento del caucho, solo después de la II Guerra Mundial empieza el interés al aprovechamiento integral de la Amazonía peruana; y entonces, casi sólo para la extracción de madera valiosa (a pesar de la masiva tala del árbol de la Quina para la producción del “quinino” como prevención anti - malárica en el “ajedrez Pacífico” de la II Guerra Mundial: extracción tan masiva y exitosa que el árbol de la Quina – presente en el Emblema Nacional Peruano – a revés ha desaparecido completamente de la selva.!...)

Los actuales y muy fuertes intereses precedentemente aludidos por mí, han puesto de repente en primer plano estos territorios, pero sin que haya cambiado la actitud auto - depredadora y la “lejanía” cultural e histórica entre el Perú “nacional” y su parte amazónica. 

En este cuadro general, el total abandono de los territorios amazónicos y sus poblaciones en las manos del “sistema criminal articulado”, actuado en las múltiples formas logísticas, infraestructurales, ambientales, educacionales, administrativas, legales, productivas, de seguridad, de control soberano del territorio y cuantos más, se pinta de hecho como la actuación de un “genocidio a baja intensidad” para que no sea percibido del exterior (evidentemente ha sido útil la “experiencia” de la divulgaciòn del Informe Casey sobre el drama del caucho, internacionalmente  dañino para el poder económico/político de aquel entonces.!...);  un “genocidio a baja intensidad” que lleva pero al “vaciamiento” de hecho de los territorios en toda ventaja de la estrategia de explotación completa y “sin problemas”.

Acerca de este tan dramático argumento, cabe señalar que las modalidades principales de ejecución de un “genocidio” (apropiación del territorio de un pueblo, destrucción de su cultura/auto-reconocimiento, “inclusión justificativa” - forzosa o no – de un exiguo porcentaje del pueblo perseguido en los mecanismos y ganancias del genocidio, eliminaciòn selectiva de jefes, religiosos, técnicos, figuras carismáticas, sea políticas que social/culturales, etc.) están de hecho presentes y metódicamente actuadas en la Amazonía peruana.

Este genocidio actuado en modalidades aparentemente “no dramáticas” más que todo modo cuesta muchísimas vidas humanas en los mil “pequeños acontecimientos diarios”, se lo actúa más que todo haciendo imposible la tradicional productividad rentable y la sobrevivencia (sea física que social/cultural) de las poblaciones locales a través de la sistemática destrucciòn del ambiente (= circunstancias de producción y re perpetuación cultural) y de la originaria estructura social/cultural por obra del “sistema pluri-ilegal”:  el resultado es una urbanización masiva (más que todo hacia Iquitos, pero también otros capitales regionales, y muy poco hacia Lima y otras ciudades, por lo menos en su primer paso migratorio) que es solo la premisa de ulteriores explotaciones: mano de obra a costos muy bajos, falta de cualquier derecho y garantías laborales, prostitución, ingreso en la criminalidad y narcotráfico urbano; y, mayormente grave (si es posible.!...), manipulación electoral por tráfico de votos para usarlos para re perpetuar el poder político local y por consecuencia los mecanismos destructivos; pues que muy a menudo estos son descaradas e impunemente actuados con el pleno aval y complicidad de las “autoridades” políticas locales (Regionales, Provinciales y Distritales).

Es, entonces, completo el “círculo vicioso” de explotación sea territorial que humano/social;  señalando que todo eso acontece sea hacia los individuos que hacia las comunidades nativas en su conjunto, ahora casi siempre obligadas – sin defensas ni por los aptos organismos nacionales de cuidado de los pueblos minoritarios – a ceder el uso efectivo de sus territorios al “sistema ilegal”; y hasta aceptando la imposición de Apu (Jefe) foráneos a la comunidad misma.!...                                                                                                                            

Al final, visto el cuadro de perenne exclusión social, sanitario, educacional y laboral en la práctica imposible para ser modificado por parte de los urbanizados, se puede muy a propósito hablar de un “apartheid urbano” consecuente y paralelo al “genocidio a baja intensidad” actuado más que todo en la selva.         

Se pinta así el escenario de un “Estado paralelo” que se sustituye – ni se sobrepone.!... – al Estado oficial en la gestión efectiva de la región amazónica peruana y de los destinos de sus poblaciones: es insostenible que todo eso pase sin el aval y complicidad calculados por el Estado peruano, sea como “estrategia histórica” perenne ya aludida precedentemente, sea como búsqueda de ventajas coyunturales; como en el caso de la Región Loreto, donde los “subterráneos” lazos políticos con el Gobierno Central de Lima llevan a que el aval silencioso a este “mecanismo criminal” sea la “recompensa” al apoyo de la estructura política del Gobierno Regional al “poder político” de Lima: es prueba de eso (también y no solo.!...) el hecho que en mayo/junio del 2011 la Contraloría General de la República (a la cual aludía en el 3° párrafo de la página 1 de esta Nota) en una auditoría específica haya detectado exactas responsabilidades del Gobierno Regional de Loreto en la gestión en conjunto del tráfico de madera ilegal en esta Región, sin que eso haya llevado a la mínima consecuencia, sea política que administrativa y judicial.

Además, todo lo expuesto por mí define el cuadro de una total inconfiabilidad del Estado Peruano en los tratados internacionales comerciales, anti -– narcotráfico y sobre los Derechos Humanos y Laborales; así como en los esfuerzos y compromisos internacionales vueltos a contrarrestar el cambio climático global.